La Contraloría General de la República ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) recuperar ¢50 millones que pagó a Roberto Jiménez por concepto de cesantía.
Jiménez recibió esa suma en el 2016, cuando dejó su puesto como director de Planeamiento Ambiental en el ICE, para aceptar el puesto de Regulador General, es decir, ser el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Al acogerse al programa de retiro voluntario del ICE, los funcionarios tienen derecho a la cesantía, pero con la condición de no ocupar nuevamente cargos públicos. Esto fue denunciado por el libertario Otto Guevara en febrero del 2017.
«Instamos al Regulador General de los Servicios Públicos y al señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera que expliquen con amplitud y con transparencia las razones que motivaron al señor Regulador General a recibir millones de colones del ICE», comunicó el Movimiento Libertario.
Desde diciembre del 2010 la Contraloría se había pronunciado sobre ese tipo de acciones por medio del dictamen C-278- 2010, en que exponía que esos pagos no procedían, lo que fue reiterado posteriormente mediante la opinión jurídica OJ-107-2016 del 8 de setiembre de 2016.
En la bancada libertaria indicaron que pretenden el reformar el artículo 50 de la Ley de la Aresep, con el fin de impedir que sean nombrados en la jefatura en la Autoridad Reguladora los accionistas, asesores, gerentes o similares, miembros de las juntas directivas de las empresas reguladas, sean públicas o privadas reguladas ni sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
«Este es un tema que les compete a la Contraloría General de la República y al Instituto Costarricense de Electricidad y que no conocemos el fondo del asunto. Por lo que deberían ser esas instancias las que amplíen el tema», explicaron en el oficina de prensa de la Aresep ante consulta de Once Noticias.
Sin embargo se extendieron e indicaron que el Regulador acatará las disposiciones que emitan las instancias legales.
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