Las autoridades hondureñas han emitido nuevamente órdenes de captura contra dos presuntos implicados en el caso Narcopolítica II, que trata sobre lavado de dinero procedente del trafico internacional de drogas.
Las ordenes de captura fueron emitidas para, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, representante legal de la empresa INRIMAR, y su hermana Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO) presuntamente también involucradas en el caso.
Estas acciones se tomaron luego de que, a pesar de tramitar una entrega voluntaria a través de sus defensas, ambas no asistieran a la audiencia de declaración de imputado.
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Este caso, conocido como Narcopolítica II y manejado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha comenzado las audiencias iniciales. La exasistente de la gerencia técnica del Fondo Vial, Iris María Sarmiento Ferreira, es la primera imputada que se ha presentado ante los tribunales en relación con este caso.
Además de las Pacheco Murillo, otros involucrados en este proceso judicial son el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete; y el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien enfrenta procesos en Estados Unidos por narcotráfico.
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Narcopolítica II, presentado el 13 de septiembre de 2023, es la segunda fase de un caso que implica a 12 personas señaladas de participar en un esquema que facilitó el lavado de dinero procedente del tráfico internacional de drogas a través de obras contratadas con el Estado hondureño, muchas de las cuales no se llevaron a cabo.
Los contratos otorgados a INRIMAR, sin cumplir con los requisitos legales, fueron fraccionados y emitidos bajo decretos de emergencia por tormentas tropicales. Estos contratos, por más de 68 millones de lempiras en la primera fase y más de 50 millones de lempiras en esta segunda etapa, tenían como finalidad principal legitimar y prestigiar a la empresa INRIMAR para facilitar el lavado de dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales.
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