La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se puso como meta para este 2018 que al menos 6.900 trabajadoras domésticas sean integradas por su patronos al seguro de Salud y Pensiones.
Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, explicó que desde el mes de agosto del año anterior, la institución puso al servicio de esa población un nuevo esquema de aseguramiento, el cual permitió que 2.354 trabajadoras fueran aseguradas en el último trimestre del 2017.
La institución se había impuesto para al año anterior que 1.712 trabajadas domésticas fueran aseguradas (un 1% de total de estas trabajadoras), sin embargo la expectativa se rebasó en un 38%.
«Para este año, se está preparando una estrategia de aseguramiento que consiste en visitas a diferentes comunidades, organizaciones y empresas para sensibilizar a empleadores sobre la conveniencia de proteger a esta población con los seguros de Salud y de Pensiones que ofrece la CCSS», explicó Marianne Pérez de la Gerencia Financiera.
De acuerdo con Pérez una de las preocupaciones institucionales es que tradicionalmente, durante el fin y principio de año, se produce una gran rotación por parte de este grupo de trabajadoras, por lo que la Caja insiste en la necesidad de su aseguramiento, mediante el nuevo esquema que pretende elevar la cobertura de protección de ese sector de la población.
Esta es la actividad económica con menor cobertura contributiva del país y el mayor porcentaje cuenta con acceso a los servicios de salud por medio de otras mediante otras modalidades; lo que significa una reducción de beneficios tales como: no consolidar el derecho a la pensión, no tener opciones de incapacidades, ni los beneficios económicos que otorga el Seguro de Salud.
El 94% de las personas que trabajan en labores domésticas son mujeres, de estas el 40% son jefas de hogar, mantienen una tendencia creciente de jornadas de trabajo parciales, que se da en un 70% de los casos.
Asimismo, sus salarios son inferiores a cualquier otra actividad económica y se considera un trabajo de baja calificación, lo que se tradujo en vulnerabilidades que ameritaron una acción institucional en procura de extender su protección en la seguridad social.
La iniciativa de la CCSS procura una transición de la informalidad al trabajo formal, donde estas trabajadoras gocen de las mismas prestaciones y derechos de aquella población que está incluida en la seguridad social como asalariada.
Este nuevo esquema de aseguramiento le ofrece también a la población patronal la posibilidad de efectuar el aseguramiento a un menor costo a través de una escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas, cuando el salario que se registre sea menor a la Base Mínima Contributiva definida por la CCSS, la cual es en este momento de ¢ 257.920.
¿Usted qué opina?