Dos miembros activos de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) murieron durante un enfrentamiento armado con miembros de estructuras criminales en el municipio de Choloma, Cortés.
Según los reportes preliminares, los cuerpos de seguridad fueron atacados por supuestos miembros de la Pandilla 18, cuando realizaban un operativo a la altura del sector de Pueblo Nuevo en Choloma.
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Entre los heridos se encuentran José Gregorio Ventura, capitán de infantería y un miembro activo de la FNAMP, quien fue trasladado con otros agentes hacia el hospital militar del norte, pero murió al momento de ser ingresado.
El paradero de los perpetradores no se ha determinado, sin embargo, agentes de la FNAMP siguieron el rastro de los presuntos delincuentes, montando un operativo por las riberas del río en Choloma.
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Como parte de la Operación Omega XI, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el exdirector ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruiz Nieto.
Nieto ahora trabaja en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y en su causa las autoridades realizan varias acciones y solicitaron una audiencia de declaración de imputado por ser sospechoso de violación de los deberes de los funcionarios.
Según las investigaciones, el extitular de la OABI no siguió el trámite legal y manejó irregularmente una incautación millonaria de 136 joyas y 258 relojes el 28 de agosto de 2017 en El Progreso, Yoro. Para octubre de 2019 se reportó el extravío de 45 joyas y 28 relojes de este decomiso, siendo un acto que repercute legalmente.
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Corrupción en salud e infraestructura
La Fiscalía inspecciona y secuestra documentos por dos casos vinculados a la falsificación de incapacidades en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Choluteca.
Asimismo, averiguan supuestas irregularidades en Catastro de la alcaldía de Puerto Cortés y en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de San Francisco, Atlántida.
Además, desarrollan investigaciones en San Pedro Sula, Tocoa y La Paz por presuntos ilícitos en detrimento de la administración pública en infraestructura.
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