Siguiendo la costumbre de sus generaciones anteriores, un numeroso grupo de jóvenes viajó del pueblo mexicano de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, rumbo a la ciudad de Iguala, para participar en la marcha anual de la matanza estudiantil ocurrida en 1968, sin imaginar, que les esperaba una tragedia igual al de 46 años atrás.
Los viajeros, quienes eran estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, escuela para formar profesores rurales, ya habían abordado las unidades de transporte y poco habían avanzado cuando fueron interceptados por supuestos miembros de la policía de ese lugar y presuntos grupos armados.
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Las balas eran directamente para los jóvenes y miembros del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, quienes también viajaban por el lugar donde los estudiantes fueron atacados; los jugadores habrían solicitado la ayuda militar, sin embargo, estos se habrían negado argumentando que “no era su jurisdicción”.
Un total de cinco estudiantes murieron, más de dos docenas resultaron heridos y 43 jóvenes están desaparecidos desde entonces, y la última vez que los vieron, fue cuando los subieron a los carros policiales.
Confusas investigaciones
La Procuraduría General de la República (PGR), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se hizo cargo de la investigación, y según la información recopilada durante las investigaciones, la entonces pareja gobernante de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, tenían vínculos con el grupo de crimen organizado, Guerreros Unidos, con el que varios agentes policiales habrían estado involucrados, además, los gobernantes les habrían ordenado a los uniformados detener a los estudiantes ya que pensaban que iban a interrumpir un evento público, según la versión de la Procuraduría.
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En noviembre del mismo año, la procuraduría informó que los restos calcinados encontrados en fosas durante octubre, pertenecían a los estudiantes; información que confirmó el El Equipo Argentino de Antropología Forense, luego que el gobierno les entregó restos que coincidían con el ADN del joven Alexander Mora.
Tiempo después, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), formado por personas latinoamericanas orientados a temas legales y de derechos humanos; en 2015 ya tenían recopilada información de lo que habría ocurrido en la terrible noche y madrugada de septiembre, pese a que en varias ocasiones denunciaron que el gobierno mexicano no daba acceso a sitios y personas claves.
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Los profesionales miembros de GIEI, publicaron dos informes, en los que demuestran varias inconsistencias con la versión del gobierno, por ejemplo, las autoridades mexicanas aseguraban que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, sin embargo, las pesquisas del informe afirman que no hay evidencia que constante ese hecho.
El GIEI aseguró que varias autoridades manipularon la evidencia, torturaron a los sospechosos y no indagaron sobre pistas que podrían haber sido claves en las investigaciones.
A cinco años recién cumplidos de este hecho criminal, los 43 jóvenes continúan desaparecidos, sus familiares y un pueblo mexicano solidario y con la esperanza de encontrarlos aún con vida, siguen exigiendo a las autoridades, que se busque a los estudiantes y se esclarezca el caso; por su parte, el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los seres queridos de los afectados a apelar por sus peticiones.
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