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Sindicalistas temen que Sala IV les rebaje la cesantía a ocho años

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Luego de casi un mes del pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre las cesantía en el sector público, que rebajó de 20 año a 12 el pago de este derecho, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cuestionó los fallos de la Sala, aduciendo que dichos pronunciamientos afectan la autonomía del sector municipal y la negociación en las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Sin embargo, no solo se quejan del reciente fallo, ya que denunciaron que dentro de poco, la misma Sala reducirá aún más el derecho en caso de despido, igualándolo al del sector privado, que es de ocho años.

Aparte de eso, afirman también en la ANEP, que por esperan la integralidad de la sentencia, para así conocer a totalidad el alcance de lo señalado por la Constitucional, que sin embargo afirman, lesiona los ‘derechos adquiridos de buena fe’; por lo que desde ya anuncian protestas contra la reducción a 12 años de cesantía, como lucha férrea en contra de que lo reduzcan a ocho.

Aducen que las cesantías superiores a los ocho años existen y están contempladas en la Ley de Protección al Trabajador, en el Estatuto del Servicio Civil para reestructuraciones, para casos como privatizaciones (Incop), en las Asociaciones Solidaristas (incluidas las del sector público) y en las Convenciones Colectivas.

“La jurisprudencia reiterada de la Sala IV ha sido que lo que está en Convenciones Colectivas de Trabajo se considera Ley de la República y por tanto, la misma Sala ha refrendado o ratificado todas las cesantías superiores a ocho años cuando se presentan acciones de inconstitucionalidad”, explicó Albino Vargas, secretario general de la ANEP.

Para el sindicato, la Sala Constitucional podría estar aplicando lo que llaman ‘discriminación antisindical’ ya que a las asociaciones solidaristas del sector público no se les ha puesto un tope de cesantía y estas últimas también requieren del aporte estatal.

“Como reaccionaria la Sala Constitucional ante la eventualidad de una acción de inconstitucionalidad contra la propia Ley del Solidarismo y contra la Ley de Protección al Trabajador dado que ambas contemplan topes de cesantía superiores a ocho años y sin ningún límite”, agregó Vargas.

La ANEP también defiende que el sector municipal no tiene responsabilidad en el déficit fiscal e insisten en que la cesantía mayor a los 8 años ‘no es un privilegio o gollería’. Seguido a esto, aseguraron que los trabajadores municipales estarían dispuestos a ir a las calles dentro de poco.

 

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