El expresidente Manuel Zelaya Rosales fue consultado en una radio local sobre la reciente amnistía para los presos políticos aprobado en el Congreso Nacional, asegurando que es un decreto de justicia para la reconciliación nacional.
“Los que fuimos víctimas de un golpe de estado no tenemos como defendernos”, comenzó diciendo.
El exmandatario entre 2006 y 2009, negó que este decreto incluya un acto de impunidad, y explicó que este abarcará únicamente a las personas a quienes se les han violado los derechos humanos.
“El proceso llega donde un juez para determinar si aplica para las personas que se amparan en este decreto, no hay impunidad, esa es una arbitrariedad”, agregó el coordinador de LIBRE.
Zelaya arremetió en contra del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), luego de que esta gremial catalogara como “pacto de impunidad” el decreto de amnistía aprobada en el Congreso Nacional.
“El Cohep guardó silencio y fueron cómplices del golpe de estado, y ahora están hablando de impunidad”, atizó.
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El golpe de estado del 2009 es un acontecimiento que hasta el día de hoy sigue estando presente en la mente de muchos hondureños, especialmente en la familia Zelaya Rosales, que fue la principal afectada de aquel 28 de junio. Pero hoy, 12 años después de aquel acontecimiento, el exmandatario hondureño reveló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió la demanda que en su momento interpuso contra el Estado de Honduras.
El expresidente Manuel Zelaya Rosales, contó a una radio local que la CIDH declaró elegible la demanda en agosto del 2021, pero fue hasta los primeros días de enero del 2022 cuando le fue informado.
“Fui notificado por la CIDH que se había aceptado la demanda que interpuse contra el Estado cuando fui sacado a balazos y expulsado a Costa Rica”, manifestó.
Según Zelaya, decidió emitir la denuncia porque representantes del Poder Judicial y del Congreso Nacional, procedieron con su derrocamiento bajo el poder de las armas, algo que puede ser catalogado como un crimen de alta traición a la patria.
No obstante, el esposo de la actual jefa de gobierno en Honduras (Xiomara Castro), dejó en claro que no buscan una reparación de daños por el hecho.
“En nuestro caso específico nosotros no estamos pidiendo reparación de daños porque esas las determina la CIDH. Lo que estamos pidiendo es reparación de daños morales no materiales”, comentó.
De esta manera, el actual coordinador de LIBRE, tiene seis meses para buscar un proceso de conciliación, ya que en caso contrario, el Estado que ahora dirige su esposa, tendría que hacerle frente a un tribunal.
¿Usted qué opina?