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Futuro de Víctor Morales queda en manos de Asamblea

La Procuraduría de la Ética Pública emitió el informe AEP-INF-017-2017 este viernes, en donde se analizó la intermediación del diputado oficialista Víctor Morales Zapata por Juan Carlos Bolaños.

Específicamente, el informe se basó en la llamada que hizo el legislador al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, para solucionar unos pagos atrasados al empresario dueño de Sinocem.

“La utilización de las prerrogativas de la investidura de los diputados para acceder a los funcionarios de las instituciones públicas y consultar sobre el estado en que se encuentran los trámites o gestiones promovidas ante la administración, por los proveedores del Estado, es una práctica indebida de algunos legisladores”, reza el informe.

Según el órgano, las intenciones del legislador podrían dar lugar a actos de corrupción o de “influencias indebidas”, además de que podrían beneficiarse intereses particulares.

De la misma forma, se hizo la solicitud a la Asamblea Legislativa de eliminar estas conductas y tomar las medidas correspondientes.

Para que el legislador Morales Zapata sea investigado, debe habérsele levantado la inmunidad que le otorga ser diputado de la República.

Este mismo viernes, Luis Diego Rodríguez, quien es el director de cuatro compañías de Juan Carlos Bolaños y que realizó un pago para que Morales Zapata disfrutara unas vacaciones en 2015, se abstuvo de hablar sobre la relación entre el empresario y el diputado.

El jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres, se refirió a Morales Zapata como el “embajador” de Juan Carlos Bolaños.

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  • La inmunidad parlamentaria se ha entendido históricamente en el sentido de que el diputado está en absoluto derecho de estar al margen de la ley. Se entiende que la inmunidad es una prerrogativa otorgada al legislador sobre actos propios del ejército de su función; en ese sentido hay que replantear que significa el ejercicio de su función, no de sus funciones a título personal, eso es otra cosa, pero lo han incluido para protegerse de la ley. Es urgente redefinir ese concepto para establecer límites claros de la inmunidad de los diputados y puedan asumir responsabilidades penales de las actividades que no son propias de su función como legisladores.

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