En un giro dramático de los acontecimientos en Honduras, la presidenta Xiomara Castro ha criticado fuertemente el reciente desalojo de siete familias en el sector de Las Crucitas, catalogándolo como una violación de sus derechos.
La presidenta Castro, está solicitando un análisis exhaustivo de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer los detalles jurídicos de este caso.
El ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, también ha intervenido en la controversia. A través de Twitter, anunció que viajaría inmediatamente al área de El Picacho, cerca de Las Crucitas, para proporcionar apoyo a las familias afectadas.
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El ministro Cardona también ha apelado a la titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, instándola a revisar el comportamiento de los jueces involucrados en el caso. Según Cardona, estos funcionarios judiciales parecen estar actuando en interés de partidos particulares en lugar de hacer justicia.
El desalojo en las Crucitas según opinión calificada de juristas que conocen el caso, violenta derechos de vecinos. PGR, Abogado del Estado, en el marco de sus atribuciones, hará análisis para determinar situación jurídica o intereses atrás de este juicio.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) June 27, 2023
La presidenta Castro reiteró su compromiso con la justicia en una serie de tweets. «El desalojo en las Crucitas, según la opinión calificada de juristas que conocen el caso, viola los derechos de los vecinos. La PGR, como abogado del Estado, en el marco de sus atribuciones, realizará un análisis para determinar la situación jurídica o los intereses detrás de este juicio», escribió.
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Este incidente ha causado indignación en el país, ya que las familias fueron desalojadas de sus hogares por una orden judicial, bajo la alegación de que estaban ocupando tierras ilegalmente. El gobierno está haciendo todo lo posible para apoyar a las familias afectadas y asegurar que se haga justicia.
Las implicaciones de este caso aún están por verse, ya que pone de relieve las tensiones entre los derechos de los ciudadanos y la administración de la propiedad de la tierra en el país. Se espera que la revisión de la PGR arroje más luz sobre el asunto.
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