Cada kilómetro de construcción de la nueva carretera entre Sifón (San Ramón) y La Abundancia (San Carlos), podría costar hasta $12 millones, lo que la convertiría en una de las obras de infraestructura vial más caras e ineficientes de la historia de Costa Rica.
Se trata de una carretera de casi 30 kilómetros, cuyo monto final rondaría en aproximadamente $383 millones de dólares; monto significativamente mayor al contrato original y que demuestra una incorrecta administración técnica y financiera del proyecto, así lo han denunciado los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), ante el Consejo de Administración del Conavi.
“Estamos conscientes que la situación de la infraestructura vial en Costa Rica es deficitaria y que tal situación está generando una pérdida considerable para la competitividad del país, pero es nuestra responsabilidad hacer un alto y evidenciar que la falta de planificación y la ineficiente administración de los proyectos viales son factores que provocan esta situación”, comentó el presidente de Uccaep, Franco Arturo Pacheco.
Pacheco explicó que los dos representantes de la Unión de Cámaras ante el Conavi, Mónica Navarro y Christian Campos, votaron de manera negativa, a una serie de propuestas planteadas por la Administración del Conavi para continuar con las obras, ya que las mismas carecían de un adecuado sustento técnico y financiero.
Se estima que los $123,9 millones restantes que se proyectan para finalizar el proyecto son un supuesto, por lo que no existe seguridad que este sea el monto final a destinar para las obras faltantes. Queda la duda, de parte del sector empresarial, si los montos que se indican en una presentación que realizó la administración del Conavi son estimaciones, lo cual no garantiza que no habrá en el futuro aumento en los costos de construcción.
Además, se desconoce la existencia de una partida específica para financiar el monto faltante y en medio de la situación fiscal del país, sería irresponsable aprobar recursos extraordinarios para un proyecto, cuyo costo final aún no es seguro.
La posición del sector empresarial, es que debe replantearse el proyecto y finalizar el contrato actual para evitar más riesgos de costo y tiempo.
Otra de las objeciones es que existen tramos del proyecto que se encuentran en estudio en la Sala Constitucional, por lo tanto, hasta que la Sala no resuelva, están ante una imposibilidad de cumplir con la orden de la Contraloría General de poder finalizar con todas las obras.
“En virtud de los puntos antes mencionados, es que los representantes de Uccaep ante el Conavi, votaron negativamente a las propuestas planteadas por la Administración, ya que carecen de elementos técnicos-financieros esenciales para ejercer una correcta administración del proyecto. Votar afirmativamente dichas propuestas no solo sería irresponsable del sector, sino que se estaría en contra de la Hacienda Pública y del interés público”, concluyó Pacheco.
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