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Capturan al candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro en Nicaragua

Nicaragua
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La Policía Nacional capturó este martes al candidato a la presidencial en Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro, por supuestamente realizar diferentes delitos en contra del Estado y el pueblo de esa nación.

El presidenciable es investigado en conformidad a la “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz” por supuestamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, detalla un comunicado de la policía nicaragüense

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Además de presuntamente incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, junto a otros delitos.

Por ello, las autoridades policiales realizaron las diligencias investigativas pertinentes y remitirán al imputado a las instancias competentes para su enjuiciamiento y deducirle responsabilidades.

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En menos de 24 horas, el gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, realizó el arrestó de dos aspirante a la presidenciales del país: Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, a los que se le suman Cristina Chamorro y Arturo Cruz.


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Presentan iniciativa de reforma a la nueva Ley Electoral para que todos los partidos integren las mesas receptoras

El secretario del Congreso Nacional, Renán Inestroza, presentó un proyecto de decreto ante ese poder del Estado, encaminado a reformar el artículo 46 de la recién aprobada Ley Electoral.

Dicho artículo de la Ley Electoral hace referencia a la integración de las Juntas Receptoras de Votos, las cuales estarán integradas en su totalidad por los partidos mayoritarios, mientras que las instituciones políticas emergentes, solo tendrán representación parcial.

Según Renán Inestroza, esa parte de la nueva normativa es inconstitucional y antidemocrática, porque excluye y discrimina a los partidos denominados pequeños.

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