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Exprimera dama Ana García pide ayuda financiera para defensa legal de JOH ante juicio en EE.UU.

Ana García
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En la antesala del juicio programado para el 5 de febrero de 2024, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ha solicitado la asignación de un abogado público, argumentando dificultades económicas para costear defensa privada, que ahora son confirmadas por su esposa, Ana García.

La exprimera dama, Ana García, confirmó la situación financiera y destacó la negativa del Juez Castel para prorrogar el juicio o asignar un defensor público adicional.

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García admitió la falta de recursos y señaló que han abierto una página en Go Fund Me (https://gofund.me/3a11f9c3) para recibir donaciones destinadas a fortalecer la defensa legal de Juan Orlando Hernández. Ante la incautación de propiedades, la pareja enfrenta limitaciones económicas significativas.

En busca de apoyo financiero, Ana García expresó: “A usted que hoy me ve le pido su ayuda. Necesitamos contratar un equipo de defensa adicional que apoye a Juan Orlando y al Abogado Colón”.

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La solicitud de Hernández para el nombramiento de un abogado de la defensa pública y un aplazamiento de siete semanas fue denegada.


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Próxima semana arranca negociación del nuevo salario mínimo en Honduras

La titular de la Secretaría de Trabajo de Honduras, Saraí Cerna, anunció que la próxima semana dará inicio la negociación del nuevo salario mínimo en el país.

La Mesa de Negociación, con representantes de los sectores privado y obrero, ya ha sido juramentada. Cerna destacó que el Gobierno actuará como veedor en el proceso y solo intervendrán con una propuesta en caso de no llegar a acuerdos entre los sectores para el nuevo salario mínimo.

Una vez instalada la Mesa de Negociación, se espera que las discusiones sobre las propuestas y contrapropuestas comiencen la próxima semana.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, se ha mencionado inicialmente una propuesta de aumento salarial de 642 lempiras. Todos los sectores reconocen la urgencia de llegar a un acuerdo, ya que la ley establece que el nuevo salario mínimo debe aplicarse a partir del 1 de enero de cada año.

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