Autoridades de la Secretaria de Seguridad anunciaron en las últimas horas que varios municipios han solicitado que el estado de excepción, el cual finaliza el 6 de enero de 2023, abarque hasta sus sectores.
El estado de excepción se implementó para luchar contra los diferentes flagelos delictivos que mantienen de rodillas a la población hondureña.
Lea También: Cerca de 300 mujeres asesinadas en Honduras a punto de concluir el 2022
Dichas acciones han estado a cargo de elementos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en las zonas conflictivas de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
De acuerdo con la información compartida por seguridad, varios alcaldes de Olancho, Francisco Morazán y Cortés han solicitado que el estado de excepción los abarque, en caso de ampliarse tras órdenes del Congreso Nacional.
Lea También: Junta Nominadora de la CSJ concluye este martes con la recepción de “tachas y denuncias”
Esta información fue revelada por el portavoz de la Policía, Edgardo Barahona, quien resaltó todos los resultados que han obtenidos a casi un mes de operaciones para la lucha contra las estructuras criminales.
Quizá le pueda interesar:
Ministerio Público apela resolución de juez que deja en libertad a peligroso cabecilla de la MS-13
El Ministerio Público (MP), informó en las últimas horas que se presentó un recurso de apelación en contra de la resolución de un juez que deja en libertad a un supuesto cabecilla de la estructura criminal MS-13.
Dicho recurso fue presentando a través del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, luego que el juez concediera medidas sustitutivas a favor de Norman Efraín Bonilla Banegas. cabecilla
Lea También: CSJ otorga amparo a Nasry “Tito” Asfura en caso de investigación por presunta corrupción
En septiembre se le decretó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, contra Bonilla, por el tráfico de drogas agravado, asociación para delinquir y tenencia de armas prohibidas, sin embargo;
“El 22 de diciembre en una audiencia de revisión de medidas, el juez aceptó una garantía hipotecaria que presentó la defensa por una vivienda valorada en 805 mil lempiras (L. 805,000.00), excarcelación que a criterio del Ministerio Público era improcedente”, indicó la fiscalía.
¿Usted qué opina?