El plazo para que los diputados del Congreso Nacional designe al nuevo Fiscal General y al Fiscal General Adjunto está a punto de vencerse, y aún no hay acuerdo entre las diferentes bancadas.
Ante este escenario, algunos diputados han planteado la posibilidad de nombrar una Junta Interventora que asuma el control del Ministerio Público.
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El diputado Rasel Tome, de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), fue uno de los que sugirió esta opción, argumentando que el Ministerio Público no puede quedar acéfalo. «Se les terminó la fiesta, se les terminó el tiempo, en agosto se van», sentenció.
Sin embargo, su compañero de partido Rafael Sarmiento negó que esa fuera la posición oficial de Libre. «Queremos desmentir de forma categórica que en ningún momento ha habido una circunstancia de insinuar de que una Junta Interventora o transitoria podría asumir la responsabilidad de la fiscalía del Ministerio Público, esta figura no cabría», afirmó.
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Por su parte, la bancada del Partido Nacional denunció que existe la intención de imponer una Junta Interventora con menos de 65 votos, lo que consideran inconstitucional. Los nacionalistas aseguraron que solo apoyarán una elección del Fiscal con los 86 votos requeridos por ley.
En la misma línea se manifestó el Partido Liberal, que anunció que no respaldará ninguna nominación que incluya a un candidato que no cumplió éticamente sus responsabilidades ante la Junta Proponente. Los liberales también rechazaron la idea de una comisión interventora en la Fiscalía.
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Luego que fracasara el intento de escoger al próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto para el periodo 2023-2028 múltiples reacciones se hicieron presentes.
El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, brindó declaraciones sobre la suspensión de la sesión tras presentarse las nóminas para el Fiscal General y Fiscal Adjunto.
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