Entre tres meses a seis años de reclusión podrían enfrentar todos aquellos que propaguen el nuevo coronavirus de manera intencional.
A través de las investigaciones que ejecutará la recién creada, Unidad de Control de Riesgos Sanitario y Bioseguridad (UCRSB), el Ministerio Público acusará a las personas que transmitan el virus intencionalmente y a las empresas que infrinjan las medidas de bioseguridad estipuladas para evitar la propagación.
Lea También: Dos niñas mueren por dengue grave en Hospital Escuela
Estas medidas serán tomadas en base a los artículos 180 y 186 del Código Penal, normas que dan la facultad a las autoridades competentes de realizar el debido proceso judicial en contra de los que propaguen el COVID-19, antes, durante y después de la apertura de la economía.
El articulo 180 específica que:
“Será penado con reclusión de seis meses a dos años quien infrinja las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria a fin de impedir la introducción o propagación de una epidemia, o de una epizootia susceptible a afectar a los seres humanos”.
Mientras el artículo 186, detalla que:
“Será penado con reclusión de seis meses a dos años quien infrinja las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria a fin de impedir la introducción o propagación de una epidemia, o de una epizootia susceptible a afectar a los seres humanos”.
Lea También: Honduras contabiliza 146 muertos en 2,798 casos de COVID-19
Cabe señalar que esta unidad fue creada recientemente y anunciada por el ministro de seguridad, Julián Pacheco, quien explicó que, “no solamente es construir, escribir un protocolo y decir que se tiene, sino que el Estado tiene que verificar que se esté cumpliendo y verdaderamente se esté aplicando, a raíz de eso nace la inquietud de crear una unidad especial”.
¿Usted qué opina?