La Cámara Costarricense de la Industria de Alimentos (Cacia) llama nuevamente la atención de los diputados, pues según su criterio la actual reforma introduce una carga muy pesada para el consumidor nacional, especialmente a los de menos ingresos.
Según José Manuel Hernando, presidente de Cacia, “Dichas propuestas parten de consignas anti empresa privada, presentes en otros proyectos de ley y que se conocen en otras comisiones legislativas”.
Específicamente las pretensiones se desarrollan en los expedientes 20.365 y 20.078, que entre otras cosas desarrollan la iniciativa de un impuesto específico a los alimentos procesados, que calcula un incremento cercano al 11%, en un listado importante de grupos alimenticios.
“La pretensión del Frente Amplio de incorporar de manera precipitada contenidos inconexos de otros proyectos de ley, desnaturaliza la finalidad esencial del Poder Ejecutivo en la llamada ‘Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas’”, asegura Hernando.
Por tal motivo, los empresarios de alimentos solicitan a los diputados de las demás bancadas, evaluar todas las alternativas legales y de procedimientos para que la iniciativa no se apruebe bajo las circunstancias descritas.
Por su parte Helio Fallas Venegas, vicepresidente y ministro de Hacienda, asegura que las reformas son necesarias debido al creciente deterioro de la situación fiscal que viene gestándose desde el 2009; entre otras razones por la aprobación de nuevas obligaciones para el Estado sin que se crearan nuevas fuentes de financiamiento y al crecimiento de intereses como resultado de postergar decisiones en materia fiscal, desde hace década.
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