Este día, en una audiencia inicial de los exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y notarios públicos vinculados al caso del incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula en 2004, la fiscalía presentó un total de 44 medios de prueba en su contra.
Las autoridades acusan a Silvio Morales, Carlos Aguilar, Albertina Gómez, Laureano Carbajal, Pedro Santos y Farid Sanabria por su presunta participación en el fraude relacionado con el pago de indemnizaciones del INP a las familias de las víctimas del incendio.
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Entre las pruebas propuestas, se incluyen: 11 pruebas testificales, 30 pruebas documentales, 3 pruebas periciales.
Debido a la complejidad del caso, los abogados defensores solicitaron la suspensión de la audiencia para revisar la carga probatoria presentada por la Fiscalía. El juez concedió la solicitud y programó la continuación de la audiencia para el miércoles 3 de enero de 2024.
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El caso se originó después de que, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, el Estado de Honduras debía pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas.
Sin embargo, se descubrió que 49 cheques destinados a estas familias fueron cambiados de manera fraudulenta en el Banco Central de Honduras. Los acusados enfrentan cargos de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
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Un nuevo hecho lamentable ha sido registrado con la muerte de tres personas calcinadas dentro de un vehículo en el departamento de Copán, ubicado en la región occidental del país.
Los ahora occisos permanecen como desconocidos y ante el estado irreconocible que quedaron serán determinadas sus identidades con especialistas en Medicina Forense.
Esto sucedió en la comunidad conocida como Yarusin en Santa Rosa de Copán.
“Se constató que había tres cadáveres totalmente calcinados, no tenemos identidad de ninguno por la forma del hecho”, expresaron desde el Ministerio Público (MP).
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