El gobierno de Donald Trump impuso sanciones a los magistrados como castigo por asumir poderes de la Asamblea Nacional
El Departamento del Tesoro EEUU impuso sanciones económicas este jueves al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a siete magistrados de la Sala Constitucional de la corte por «usurpar la autoridad» de la Asamblea Nacional.
Algo que llama la atención es que la OFAC en este caso específico está castigando a personas por un tema eminentemente político, no por cometer delitos que persigue a nivel internacional, como ser el lavado de activos.
A cerca de la OFAC
La Oficina de Control de Activos estadounidense (Office of Foreign Assets Control – OFAC) es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Office of Terrorism and Financial Intelligence) del Ministerio de Hacienda de EE.UU. (Internal Revenue Service-IRS) que administra y aplica sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos. Estas sanciones están basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional del país y son utilizadas para prevenir que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política de EE.UU. y sus objetivos de seguridad nacional.
La OFAC, por tanto, actúa bajo poderes presidenciales de emergencia nacional, así como una autoridad otorgada por una legislación específica, para imponer controles en las transacciones y congelar activos bajo la jurisdicción estadounidense.
Las nuevas sanciones se dan tras varias semanas de protestas desencadenadas por la orden del TSJ de privar de todas sus funciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al presidente del país, Nicolás Maduro.
«El pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por la mala gestión y la corrupción de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo», indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Las sanciones fueron autorizadas a tenor con una orden ejecutiva de marzo del 2015, firmada por el entonces presidente Barack Obama, que en ese momento sancionó a siete altos funcionarios venezolanos, citando la erosión de las protecciones a los derechos humanos, persecución política y violencia en respuesta a las protestas de los opositores. El Congreso aprobó en diciembre del 2014 iniciativas que buscaban sanciones, y las prorrogó en julio pasado por tres años más.
«Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos por proteger y promover un Gobierno democrático en el país», añadió el Mnuchin, bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impone las sanciones.
Los otros incluidos en las sanciones, que congelan bienes dentro de la jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones financieras, son los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.
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La represión de las manifestaciones en Venezuela ha saldado, hasta el momento, con 57 muertos; mientras que la intención de Maduro de reformar la Constitución, vista por la oposición como un intento de consolidarse en el poder sin convocar elecciones, ha recrudecido las protestas.
Esta es la segunda ronda de sanciones contra altos mandos del chavismo durante la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, aunque en esta ocasión las razones detrás de ellas no es el narcotráfico, como ocurrió la primera vez.
La primera ronda supuso, el pasado febrero, la imposición de sanciones al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y a otros funcionarios del chavismo.
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