(VIDEO) MACCIH y fiscalía investigarán penalmente a diputados del Congreso Nacional

La Misión confirmó que se añadió fraudulentamente a la ley aprobada en el hemiciclo para cortar juicios a funcionarios públicos investigados

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), hizo este viernes una fuerte denuncia ‘criminal’, relacionada al ‘Pacto de Impunidad’, denunciado en los últimos días que imposibilita a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, proceder legalmente contra funcionarios investigados, es decir ‘los blinda’.

Vea las impactantes declaraciones de la MACCIH

El portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, expresó en una rueda de prensa brindada a medios locales, que “hubo un cambio irregular e ilícito de la voluntad del Congreso Nacional y que ha afectado gravemente la independencia de poderes”.

Señaló que es un delito penal y no se trata de fe de erratas, (errores alude a aquellas informaciones erróneas que aparecen en el contenido), sino de algo intencional para dejar libres a los funcionarios públicos corruptos.

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“El presidente de la comisión de presupuesto tiene algo qué decir, el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, estuvo en la sesión y la omisión de denuncia frente a un hecho irregular, de cambio de la norma es también una responsabilidad de la Secretaría de Finanzas”, declaró.

“los secretarios de la cámara, estuvieron ahí para dar fe de qué es lo que se aprueba”, añadió Jiménez Mayor.

«Las personas que han promulgado esta ley, el vicepresidente del Congreso en este caso, el diputado Rivera y varios diputados han criticado el papel de la Misión, sin embargo, son las mismas personas que tienen que responder en esos cambios que aparecen”, dijo.

Informó que se instalará una comisión que no irá a recomendar al Congreso Nacional, sino a investigar penalmente, porque “en política no hay errores involuntarios”, aseguró Jiménez Mayor.

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Manifestaron que con estas acciones esperan revertir la resolución brindada a los cinco diputados acusados por malversación de caudales públicos, que fueron dejados en libertad después de que se archivara el caso, luego de que la reforma a la ley orgánica del presupuesto pasará la responsabilidad al Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), para que emita un informe sobre a quién se debe investigar y a quién no, algo que la MACCIH considera que este organismo no está capacitado para llevar a cabo estos casos emblemáticos.

“Esperamos que la pita no se rompa por el lado más feo”, señaló el vocero de la Misión.