La reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos de Costa Rica está pronta a convertirse en Ley de la República, sin embargo, aún hay debate sobre su beneficio, cuando solo le falta la firma del presidente Luis Guillermo Solís.
Luego de permanecer durante nueve años en la corriente legislativa, el pasado 21 de marzo, fue aprobada en segundo debate. Ahora sólo se está a la espera de que sea firmada por el presidente, Luis Guillermo Solís.
Pese a esto, la entrada en vigencia de esta reforma genera choques entre diferentes sectores. La Universidad de Costa Rica (UCR) asegura que esta medida pone en peligro la calidad médica del país.
Según el centro universitario, dentro de las principales modificaciones, se encuentra la reforma al artículo 7, que elimina la equiparación de títulos. Lo que permitirá que cualquier persona, sin importar el país de donde provenga, pueda ejercer en Costa Rica con tan solo presentar el título ante el Colegio, atentando directamente contra la vida de los pacientes.
Esto según señalan, se traería abajo, además los esfuerzos de los últimos años de la UCR por aplicar un examen de equiparación que sirve de parámetro de excelencia profesional.
«La evaluación procura asegurar que el profesional de medicina formado en el exterior posea todas las capacidades requeridas para realizar procedimientos médicos en el país sin poner en riesgo la integridad de la persona. Con la reforma, no se podrá garantizar la idoneidad del profesional», expresó la directora de la Escuela de Medicina de la UCR, la Dra. Lizbeth Salazar.
Lo anterior es desmentido por el Colegio de Médicos, quien insiste en que esta reforma viene a resguardar aún más la atención médica que reciben los costarricenses y ejercer un mayor control sobre quienes practican la medicina y sus potestades.
Según el presidente del Colegio de Médicos, Dr. Andrés Castillo Saborío, hay quienes se oponen a la reforma sin argumentos de peso y anteponiendo los intereses propios ante los públicos.
«De manera errónea y con intenciones poco claras, se señala como ejemplo que a partir de la reforma, los médicos generales no podrían realizar citologías vaginales, solo los médicos especialistas en ginecología. Esto es falso», manifestó el Colegio en un comunicado de prensa.
Tampoco «es cierto que la entrada en vigencia de esta ley perjudique la práctica de la medicina privada, generando desempleo y restringiendo la práctica de los médicos generales, según el artículo 5 que indica que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos reglamentará los requisitos y restricciones bajo los cuales, se puede inscribir o ejercer una determinada especialidad o subespecialidad», agregó.
Pese a la controversia, la institución alega que esta práctica regulatoria no es nueva. Pues el Colegio tiene la potestad de crear los perfiles que delimitan la práctica médica según la especialidad, según los determinan los artículos 45, 46 y 47 de la Ley General de Salud vigente y el artículo 4 de la actual Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Otros de los aspectos que pone en alerta a la Universidad es la reforma al artículo 39, que señala que para ser profesora o profesor de las ciencias médicas, y ejercer la docencia en cualquiera de las universidades nacionales reconocidas y acreditadas por las instancias correspondientes, será indispensable estar inscrito en el Colegio, o bien, autorizado por este.
«Como consecuencia, se afecta directamente el ejercicio docente y también las disposiciones de los otros colegios profesionales del área de la salud. Entre ellos: Microbiología, Farmacia, Nutrición, Enfermería, Tecnologías en Salud y Salud Pública», alegan.
Aunque las diferencias entre el Colegio de Médicos y la Universidad de Costa Rica continuan, el colegio desmiente no haber escuchado la posición de la UCR y sus recomendaciones.
«La UCR planteó en su momento su preocupación por los artículos establecidos del 8 al 20 de la reforma a la ley que tenián ver con la creación de la Comisión Nacional de Medicina (CONAME), pues podía complicar el proceso del examen de incorporación al Colegio de Médicos. A partir de los argumentos presentados por la Univerdad, esos artículos quedaron fuera de la reforma.», defendió.
Además recordó que el Colegio debe fiscalizar y si es necesario, sancionar a quien incumpla o ejerza su profesión de manera irresponsable y así garantizar que la atención médica que se ofrece en los centros de salud, públicos o privados, sean brindados por profesionales que actúen conforme a la ética, idoneidad académica-científica y al mayor beneficio para el paciente.
Con la reforma a la Ley Orgánica, se quiere garantizar a los habitantes de nuestro país que los médicos que se incorporan como médicos generales, especialistas y sub especialistas, tengan la preparación académica, las habilidades procedimentales y de manejo de equipos idóneas que garanticen una práctica de la medicina en forma profesional, de óptima calidad y ética.
El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) también alzó la voz para aclaar que el proyecto no limita la labor los médicos generales, ni los servicios en CAIS, EBAIS o servicios externos, pero si lesiona la validación de títulos de profesionales extranjeros y la formación de nuevos médicos.
«La equiparacion de los títulos se está dejando en manos únicamente del proceso del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quitando del proceso a las universidades así como al Consejo Nacional de Rectores (Conare). El Siname considera que esta función debe mantenerse como se encuentra en la ley actual donde la potestad está en manos de los órganos acádemicos», argumentaron por medio de un comunicado.
Dentro de los objetivos de esta reforma se busca salvaguardar los intereses de la población a la luz de la idoneidad para cortar las responsabilidades de las malas prácticas de algunas personas que ponen en riesgo la salud de la población.
En el marco de la conferencia magistral que impartió el Presidente, Luis Guillermo Solís, en conmemoración del 50 Aniversario de la Escuela de Ciencias Políticas, la Universidad de Costa Rica pidió al mandatario publicamente vetar la reforma de ley.
A esta petición se sumó también Sinem, alegando que es importante que se avance en la modernización de esta ley, pero que se eben hacer cambios específicos en los artículos 7 y 40 del proyecto, con la finalidad de no atentar contra los avances alcanzados en el fortalecimiento de la regulación de la calidad de los servicios de salud en el país.
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