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Uber de España reacciona a fallo de la Unión Europea sobre la empresa

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Tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de considerar a Uber como un servicio de transporte más, al que se le deben aplicar todas las reglas, como la exigencia de permiso de parte del Estado para operar; la división española de la compañía reaccionó de inmediato.

El portavoz de Uber España, Yury Fernández, expresó que la decisión no tiene «ninguna implicación práctica», pues según dice, el fallo «llega con un desfase de tres años», debido a que responde a un requerimiento realizado en 2014 por un juez de Barcelona.

Fernández explicó que el caso fue presentado por una asociación profesional de taxistas, en relación a un modelo de negocio que la empresa estadounidense cambió en marzo de 2016.

«Este dictamen no generará cambios en la mayoría de los países de Europa donde Uber ya opera conforme a la ley de transporte. Sin embargo, millones de europeos aún no pueden acceder a apps como la de Uber. Tal como nuestro presidente ejecutivo indicó, estamos a favor que se regulen servicios como el de Uber, y por lo tanto continuaremos el diálogo con las distintas ciudades del continente europeo. Esta es la posición que tomaremos para asegurar que todos puedan acceder a viajes eficientes con sólo tocar un botón», dice el comunicado de Uber para España.

Sin embargo, según se lee en la sentencia, lo dictaminado por el tribunal sí deberá ser acatado por los países miembros de la organización «siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea»

«El Tribunal de Justicia estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de ‘servicio de la sociedad de la información’, sino a la de ‘servicio en el ámbito de los transportes'», se lee en el comunicado del TJUE.

Este no es el único caso que tiene a Uber enfrentado con las legislaciones de los países en vías judiciales. Recientemente, un tribunal de Londrés falló que la empresa debía considerar como empleados a sus conductores, a quienes tenía que pagarles el salario mínimo.

De igual forma, el Senado brasileño devolvió en noviembre al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para encuadrar las actividades de la multinacional, eliminando la obligatoriedad de que las municipalidades dieran permisos a los choferes de Uber.

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