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Por tregua con pandilleros cae alcalde Salvadoreño

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Para poder llegar a alcalde de Usutlán, Miguel Angel Jaime, tuvo que pagar con privilegios a pandilleros.

Junto a Miguel Angel Jaime también fue capturado el administrador de mercado Jose Ricardo Cortés. Según informes del ministerio publico de El Salvador, el edil presuntamente desviaba fondos municipales para financiar a grupos terroristas, a quienes les hacía llegar entre mil a 2 mil dólares.

Las autoridades recabaron información de cómo malversaban los fondos y es que cuando cobraban a los vendedores del mercado por sus puestos, el cobrador a algunos les daba la boleta de pago y a otros no, ese dinero (no registrado) en lugar de ingresar a las arcas municipales lo desviaban y se lo pasaban a la pandilla directamente”, dijo Salvador Martínez jefe de la unidad de comunicaciones del Ministerio Publico a un medio local.

Las investigaciones de la Fiscalía se remontan a cuando Miguel Ángel Jaime era candidato a alcalde de la comuna usuluteca, periodo en que habría sostenido reuniones con cabecillas de maras para buscar apoyo de cara a las elecciones.

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“Les hicieron una serie de ofrecimientos a las pandillas, como la entrega de puestos, plazas en la institución a cambio de favorecerlo en las elecciones. Cuando ganó, lo que dio fue dinero a las pandillas. Primero 1,000 y luego 2,000 dólares”, explicó Martínez.

Desde horas del mediodía del martes, la Fiscalía empezó a realizar allanamientos en la alcaldía de Usulután y las oficinas administrativas del mercado municipal. Ambos fueron arrestados en el palacio municipal.

Al ser consultado por la captura del edil naranja, el presidente del partido, Andrés Rovira, dijo a El Diario de Hoy que se encontraba fuera de San Salvador y que no conocía el caso, por lo que se excusó de dar declaraciones al respecto.

Otras alcaldías como las de Apopa e Ilopango también han estado en la mira de las autoridades por financiar a los grupos de pandillas a cambio de apoyo electoral.

El exedil de Apopa, Elías Hernández, a quien la Fiscalía vincula a la pandilla 18, está preso y enfrenta un proceso por el delito de homicidio y amenazas agravadas. La semana pasada, el Tribunal Sexto de Sentencia le ordenó realizar trabajos de utilidad pública durante seis meses, tras hallarlo responsable de por infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de bienes culturales.

En el caso de la comuna de Ilopango, dirigida por Salvador Ruano, la Fiscalía ha determinado que pandilleros de que habitan en la localidad trabajaron en la institución recibiendo un salario bajo el programa PATI, durante el Gobierno de Mauricio Funes.

 

 

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