Luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogiera una denuncia de capitales emergentes y se emitiera la sentencia, este ordenó la pérdida a favor del Estado de ¢21.319.256, $24.943 y dos bienes inmuebles ubicados en San José.
Los bienes estaban en poder de tres hombres de apellidos Mejía Hernández, Castro Solano, Arce Acuña y de una mujer de apellidos Durán Zuñiga, mismos que no pudieron justificar a las autoridades que el origen de sus propiedades fuera lícito.
A Durán se le decomisó, en total, ¢6.781.989 que estaban en dos cuentas bancarias de entidades financieras del Estado; asimismo, en la casa de la mujer y Arce, quienes son pareja, se ubicaron ¢14.421.900 y $1.173 en efectivo; y se procedió a ordenar la pérdida a favor del Estado de las dos propiedades mencionadas.
Por su parte, a Mejía, Arce y Castro se les incautó $23.770 y ¢263.000 en efectivo. La sentencia, bajo la sumaria 13-000753-1028-CA, fue dictada la tarde del miércoles 10 de enero; luego de que los cuatro habían sido investigados por legitimación de capitales.
La figura legal conocida como capitales emergentes está prevista en la Ley contra la Delincuencia Organizada y tiene como objetivo perseguir el patrimonio obtenido sin causa lícita aparente.
Primera sentencia
El 09 de julio del 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emitió una sentencia en la cual se ordenó la pérdida, en favor del Estado, de ¢481 millones a un vecino de Hatillo que se dedicaba a la venta de tiempos.
El expediente había ingresado a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, pero pese a la investigación realizada, no fue posible establecer el origen del dinero, el cual permanecía en dos cuentas bancarias. Ante esa dificultad probatoria, la Fiscalía remitió el caso a la vía contenciosa administrativa, por medio de capitales emergentes.
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