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Sala IV decidirá si aumentos a altos cargos del Poder Judicial son legales

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Se ha pedido a los jueces titulares abstenerse de analizar el caso

Serán los propios magistrados de la Sala Constitucional quienes decidirán si aumentos a altos cargos del Poder Judicial (PJ) son legales, entre dichos altos cargos, a parte de los puestos gerenciales, se hayan los 22 magistrados de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia.

La acción de inconstitucionalidad presentada por los jueces Silvia Arce y Armando Elizondo el 21 de abril anterior, fue admitida en la Sala IV este lunes, luego de cinco meses de espera.

Arce y Elizondo adujeron en su acción que desde el 2008 los altos cargos institucionales del PJ recibieron un aumento “injusto” y al cual  se dio una nueva interpretación en el 2010, por lo que ahora se suma al salario base, lo que hace que en cada reajuste del sueldo, el porcentaje sea mayor que el del resto de los funcionarios.

Se ha pedido que sean los magistrados suplentes los que decidan si el plus salarial es legal.

“La aprobación de pluses salariales desproporcionados, en beneficio de una clase angosta de la estructura del Poder Judicial, denominada clase gerencial, afecta a todas las personas humanas en el territorio nacional, que deben financiar, con impuestos que pagan, esos exorbitantes salarios, sin recibir a cambio mayor eficiencia y calidad del servicio público de administración de justicia”, dice la acción de inconstitucionalidad.

A la acción presentada por los jueces en abril, se sumó en junio una coadyuvancia (acción que ayuda a una previa) presentada por los diputados frenteamplistas Patricia Mora y Edgardo Araya, en conjunto con Ottón Solís del PAC.

En el escrito de los legisladores, se pide que los magistrados titulares de la Sala Constitucional se inhiban de participar en el fallo, pues se trata de sus propios salarios.

El diputado Ottón Solís, junto a Edgardo Araya y Patricia Mora pidieron que los magistrados titulares se abstuvieran de participar del análisis.

“Respetuosamente, insto a la Sala IV a resolver, guiados por los intereses del país, por los estándares éticos exigidos por la ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y demandados por la población” escribió Ottón en aquella oportunidad.

“Estos pluses reflejan des-proporcionalidad, trato desigual y uso abusivo de fondos públicos. Esos pluses benefician a un pequeño grupo del Poder Judicial, perjudican la Hacienda Pública y afectan negativamente a todas las personas que debemos financiar estos privilegios”, comentó por su parte el diputado Araya.

Solo el año anterior, los pluses salariales de 46 altos funcionarios del PJ le costó a los fondos nacionales un monto superior a los 488 millones de colones.

Los magistrados que admitieron el curso de la acción de inconstitucionalidad fueron los titulares Ernesto Jinesta, Fernando Cruz, Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar, junto con el suplente José Paulino Hernández.

 

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