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Resumen: 11 datos sobre el informe de la comisión investigadora del cemento chino

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Por fin los diputados presentaron su informe de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, en donde el principal caso fue el del préstamo del Banco de Costa Rica (BCR), al empresario Juan Carlos Bolaños, para importar cemento directamente desde China.

Desde setiembre iniciaron las comparecencias ante los legisladores y se hicieron cientos, quizás miles de preguntas, en el informe se habla de 850 actos o hechos que merecen ser analizados por el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética.

La información es mucha, por ello hicimos un resumen con lo más destacado dentro de las recomendaciones de la Comisión:

Diputados iniciaron todo: A pesar de que Juan Carlos Bolaños llevaba años dando servicios al Estado, sobre todo a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), fue hasta esta administración y legislatura que supuestamente estrechó lazos con los miembros de los Supremos Poderes y de entre ellos, fue de la Asamblea Legislativa emanó todo. Es decir, fueron los diputados los primeros que se reunieron con Bolaños y quienes empezaron a conectarlo con el Ejecutivo y Judicial, según el informe de la Comisión.

Cinco partidos: Al igual que varios partidos representados en el Congreso trabajaron para esclarecer la situación de los créditos bancarios en la Comisión, miembros de varios partidos fueron señalados, a saber, Víctor Morales Zapata, entonces del PAC, Otto Guevara Guth del Movimiento Libertario, Johnny Leiva del PUSC, Rolando González del PLN y por último, Daniel Gallardo, quien es candidato a diputado por San José con el Partido Renovación Costarricense (PRC), a este último pidieron que desistiera de su diputación, pero él se negó.

Renuncia a inmunidad: De todos los diputados señalados, dos de ellos son los que han recibido las críticas más duras. Hablamos de Morales Zapata y Guevara Guth. El primero de ellos resultó ser un tipo de chivo expiatorio en el caso del cemento, saliendo del partido y sin aliados de momento. En el caso del segundo, ha reiterado que sus gestiones con respecto al cemento fueron guiadas por su ideología liberal. A ambos se les solicitó que renunciaran al fuero parlamentario, para que en caso de ser encausados, enfrenten en tribunales las acusaciones.

Presidente Solís: A pesar de salir relativamente bien parado de su comparecencia ante la comisión investigadora, en los interrogatorios que siguieron haciendo los diputados su nombre salió a relucir en un par de oportunidades y aunque los legisladores no piden nada directamente al mandatario, si solicitaron que sus acciones sean analizadas por la Procuraduría de la Ética, en especial las relacionadas con la junta directiva y la gerencia del BCR. También se le achacan las presiones al MEIC y Aduanas, que supuestamente provenían de Casa Presidencial

Piden cabezas: Si bien es cierto, los legisladores no pueden pedir la renuncia a otros diputados, magistrados o al presidente de la República, si pueden hacerlo con funcionarios del Estado que no son cubiertos por la inmunidad dada por la Constitución. En este caso, pidieron la destitución Mariano Figueres, jefe de la DIS, así como del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, para quien se pidió también que fuera inhabilitado de ejercer cargos públicos por 10 años.

Sin embargo la Comisión no se quedó ahí y pidió también que se les impida ocupar cualquier cargo público en los próximos 10 años la de la suspendida del BCR, Paola Mora y el gerente Mario Barrenechea. Después de ellos a quien más se pide inhabilitar de cargos públicos es al directivo Alberto Raven, para quien pidieron 8 años de inhabilitación, para Gustavo Arias y Ronald Solís pidieron que no trabajaran en el Estado por 5 años y para el resto de la junta del BCR, pidieron que se inhabilitaran por 4 años.

Otros bancos: En los casos de los bancos Popular y Bancrédito, no se pidió acción alguna para ninguno de sus funcionarios y para Víctor Carranza, Omar Briceño y Juan Carlos Corrales del Banco Nacional, se pidió enviar informe a la Fiscalía y a la Procuraduría de la Ética para determinar si incurrió en algún delito o alguna violación al deber de probidad, al supuestamente dar un trato preferencial a Juan Carlos Bolaños.

Golpe al Poder Judicial: También piden sanciones en la corte e investigaciones judiciales. Se pidió la destitución del exfiscal general Jorge Chavarría (quien ya gestiona su pensión), la exfiscal subrogante Berenice Smith (renunció en octubre) y del magistrado Celso Gamboa, inhabilitando a todos ellos de ejercer función pública por 10 años.

Bien parados: Algunos de los investigados en este caso salieron relativamente bien parados, como los diputados Leiva y González, de igual forma, otro que se libró con el informe final fue el exministro de Economía y actual candidato a diputado por Heredia, Welmer Ramos, pues de él solo se dijo que los cambios hechos durante su gestión al reglamento de importación de cemento, beneficiaron a la empresa de Bolaños, Sinocem Costa Rica, sin no hallaron que por ello faltara a su deber de probidad.

También salieron relativamente airosos Benito Coghi, exdirector de Aduanas y Walter Céspedes, para quienes solo se solicitó a la Fiscalía General y a la Procuraduría de la Ética investigar su caso. Todos ellos, a su manera, terminan un poco mejor de como arrancaron con esta investigación.

Aún falta mucho: A pesar de que se dieron 73 audiencias y que el informe final incluye 850 hechos relacionados con los préstamos a Sinocem y Coopelesca, varios diputados señalaron en las últimas semanas que no solo se debe investigar esos casos, sino la forma en la que opera la banca estatal. Por ello solicitaron ampliar la comisión hasta el final de esta legislatura, el 30 de abril del 2018 y en los meses que restan, analizarán más préstamos en los que la banca del Estado ha tenido pérdidas.

A tomar en cuenta: Las conclusiones de los diputados no son vinculantes y mucho menos fallos legales, por lo que las instituciones pueden seguir o no sus recomendaciones, debemos recordar que en Costa Rica al ser un Estado de Derecho se respeta el principio de presunta inocencia.

 

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