Judiciales Nacionales

Rectora culpa a la Alianza de patrocinar protestas en la UNAH

Asegura que las revueltas son patrocinadas por este grupo político

En las últimas horas la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, acusó a la Alianza de Oposición (LIBRE, PINU y miembros retirados del PAC) de financiar las revueltas estudiantiles a lo interno de la misma, por su parte integrantes de la institución política le responden que sea seria y que acepte su responsabilidad como autoridad.

“(…) muchos de ellos dirigentes, están en las planillas que van a cargo de elección popular y eso también puede corroborarse en sus propios perfiles, lo que hemos visto es la asamblea de la Alianza (…)”, acusó Castellanos.

Por otra parte el integrante del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rasel Tomé, le respondió diciendo que desconoce las realidades y no acepta responsabilidad en la problemática.

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“Yo creo que tiene desfasada las fechas la rectora, ¿la Alianza hace cuanto la construimos?, el 15 de enero, y esos hechos de los que fueron acusados, ¿hace cuánto fueron?, lo que pasa que esto se da cuando la gente desconoce las realidades, el pueblo hondureño les pierde credibilidad a estos voceros, reprobó Tomé.

Cabe señalar que Julieta Castellanos, como máxima representante del alma mater, ha negado la versión de un miembro de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que reconoció haberse infiltrado en las protestas de los estudiantes a petición de la UNAH y éste sería la pieza fundamental en el fallo en contra de los tres jóvenes imputados.

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En este caso el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras OACNUDH, tildó de incumplimiento a las autoridades universitarias de los acuerdos del 20 de julio del año 2016.

Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró culpables a tres estudiantes de la UNAH, acusados de usurpación, estos son identificados con los nombres de Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla.

A los imputados les caería una condena de tres a cinco años de prisión, según lo informado por fuentes judiciales, el fallo en su contra ha sido condenado por organismos de derechos humanos.

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