Judiciales

¿Qué pasó con el Consejo de la Judicatura? y los “rollos” de Teodoro

Fue el órgano de gobierno del Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa, convertido en ley el 28 de diciembre de 2011.

La intención en su creación por parte del Congreso fue hacer del Poder Judicial más eficiente, que permitiera la especialización de funciones; separando lo administrativo financiero, de la actividad jurisdiccional.

El Consejo de la judicatura en pleno durante una sesión.

Para lograrlo, se le creó con autonomía e independencia, tanto en lo funcional como en lo administrativo, solo sometido únicamente a la Constitución de la República.

Eso suponía el desarrollo de procesos de selección de jueces, magistrados y demás auxiliares judiciales de una forma más independiente, profesional, transparente y libre de injerencias políticas.

Fue en septiembre de 2013, que el Congreso Nacional eligió la directiva del Consejo, en donde Teodoro Bonilla figuró como vicepresidente, ya que por ley, la presidencia recaía en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en ese caso, Jorge Rivera Avilés.

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Oportunidad que aprovecho muy bien Bonilla, para armar un tramado de contactos con funcionarios políticos y judiciales.

En enero de 2012 llegó el operativo antimafias denominado “Shalom”, ahí cayeron dos primos del concejal, Carlos Roberto Bonilla y Dennys Dodany Bonilla, en allanamiento a una residencia de la colonia Tara en San Pedro Sula, en donde las autoridades encontraron, además de varias armas tanto de uso comercial como ilegal, cerca de 200 mil lempiras en efectivo y cinco mil dólares en billetes de 50, así como mancuernas de esposas de seguridad.

Este caso arrastró a la desgracia a la juez Liz María Núñez, pues ante solicitud del Concejal vicepresidente, decretó sobreseimiento provisional a favor de los sobrinos de Bonilla, acción que le costó el cargo y sus respectivas responsabilidades legales.

La ex juez Liz María Núñez, al momento de ser escoltada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.

Las pruebas de audio presentadas en juicio demostraron que Bonilla usó su cargo para realizar persecución contra los jueces que no obedecían sus órdenes, mismas que no siempre estaban apegadas a legalidad.

De esta forma el concejal Bonilla fue acumulando denuncias por abuso de autoridad, una de ellas vino de parte de las destituidas jueces, Nelly Martínez y María Dolores López, quienes en el 2015 fueron separadas de sus cargos en los Tribunales Unificados de Francisco Morazán; pero que ellas consideraron decisiones injustas.

La juez Nelly Martínez al momento de introducir Recurso de Amparo.

Allí comenzó el fin de la novel -naciente- institución judicial, que nació con la intención de dinamizar la aplicación de la justicia y el 14 de marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que dio vida al Consejo de la Judicatura.

Decisión que recibió con agrado gran parte del gremio de togados, al estar de acuerdo en que con esa ley se violentaba la independencia de poderes.

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