Durante varios años, el clamor de la ciudadanía en general ha sido un organismo internacional que pueda apoyar en temas contra la corrupción en materia política y económica.
En base de la nueva gestión liderada por la presidenta, Xiomara Castro, una de sus promesas de campaña y dentro de las primeras gestiones enunció que, iniciaría un diálogo para el asentamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) en la nación, proyecto que funciona mediante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Este organismo extranjero en conjunto con instituciones locales, tiene como principal meta hacer respectivas investigaciones y reprensión de todos aquellos funcionarios públicos envueltos en actos de corrupción y así evitar su impunidad al interior de la justicia hondureña.
Cabe mencionar, que en febrero en el Congreso Nacional se aprobó la llegada de esta comisión por los diputados asistentes a sesión de la Junta Directiva encabezada por Luis Redondo.
“Siete años tuvieron que pasar para lo que algún día exigimos en las calles hoy sea una realidad. La Comisión Internacional Contra la Impunidad viene a Honduras”, manifestó la diputada Linda Donaire.
Antecedentes
En las marchas denominadas como la de «Los indignados» en 2015, varios llevaban carteles en los cuales solicitaban la instalación de la CICIH. La petición formal dentro del hemiciclo legislativo fue por partidos de oposición, entre ellos el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Por otro lado, el Poder Ejecutivo en ese entonces, estableció un plan de reforma con ayuda de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para poder financiar acciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.
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Es así como se termina asentando la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que según la OEA fungió una “colaboración activa, acompañamiento, asesoramiento y supervisión con el fin de mejorar las instituciones de justicia hondureñas”.
Esta misión salió del país en enero de 2020 tras no poder llegar a un acuerdo con los gobernantes. Según expertos, eso determinó un retroceso en labores para combatir la impunidad y corrupción al interno del país.
La mayor parte de la población espera que el apoyo de personas profesionales extranjeras pueda disminuir el índice de corrupción, para que se puedan ir mejorando en otros aspectos como los vitales de la educación y salud.
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