Hoy fue presentada en el Congreso Nacional de Chile una acusación que exige la destitución del presidente de ese país, Sebastián Piñera, por presuntamente haber usado su poder para beneficiar negocios personales.
La acusación deberá ser aprobada o rechazada por la Cámara de Diputados, de mayoría opositora, para que ascienda hasta el Senado, donde el oficialismo de Chile también es minoría y cuya última palabra decidirá el destino del mandatario.
Aparte de este señalamiento, actualmente hay una investigación penal abierta por parte de la Fiscalía de ese país por el escándalo de corrupción que salpica a la familia de Piñera.
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Trama de corrupción
De acuerdo a la investigación Papeles de Pandora, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la familia del presidente (una de las más ricas del país sudamericano) habría realizado la venta de una minera de su propiedad a Carlos Alberto Dédano, uno de sus amigos íntimos.
El contrato de compraventa, estipulado en 152 millones de dólares (más de 3,600 millones de lempiras), se firmó en parte en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido «paraíso fiscal«.
El último de los tres pagos comprendidos en el documento se condicionaba a que no se declarara como zona protegida una de las áreas de operación de la empresa minera.
En Chile, donde la decisión de salvaguardar las regiones naturales recae sobre el presidente, el área minera no fue protegida y, consecuentemente, el tercer pago se efectuó sin problemas.
Piñera salió en su propia defensa ante la acusación diciendo que, al momento de asumir la presidencia, había entregado todas sus empresas a un fideicomiso.
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