Por orden de la presidenta de la República, Xiomara Castro, se remitió al Congreso Nacional un Proyecto de Ley para el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Esto con el fin de dar acceso general a la población hondureña, revisión de contratos con los generadores, derogación del operados de sistema, entre otros puntos.
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El “Proyecto de Ley para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social”, fue enviado al hemiciclo legislativo por el ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos.
Por instrucción de la Presidenta @XiomaraCastroZ, he remitido a consideración del @Congreso_HND el “Proyecto de Ley Para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social”. @GobiernoHN pic.twitter.com/aClOFJtA71
— Rodolfo Pastor de Maria y Campos (@rudopastor) May 1, 2022
¿Qué sostiene la normativa?
De a cuerdo al ministro de Energía y gerente de la ENEE, Erick Tejada, esta normativa pretende atacar los problemas estructurales, pues se declara en emergencia el subsector eléctrico.
Debido a los altos costos en diferentes factores incluido los contratos, pérdida e incremento del combustible, el precio del kilovatio por hora de energía en Honduras es el más caro de la región centroamericana.
Las pérdidas son el 38.1% representa alrededor de ocho mil millones de lempiras que absorbe el Estado. En un plazo se renegociará los contratos y precio de suministro de energía eléctrica y de no ser posible, plantear la finalización contractual para adquirir uno a mejor precio.
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Así también, la derogación del artículo 7 que entrega 14 sub cuencas de ríos para la construcción y generación de energía, como la reforma al contrato de fideicomisos para generar energía y desarrollo de proyectos públicos.
Habilita que la ENEE ponga en marcha un programa para la electrificación rural, como la reducción de pérdidas a través de contratación de bienes, servicios y recursos humanos que aseguren cumplir sus objetivos.
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Por otro lado, cuando se finalice la renegociación se creará una Comisión de Auditoría Integral quienes estaría integrados por la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico, la de Transparencia y Anticorrupción, el Servicio de Administración de Rentas, Aduanas y la Comisión Nacional de Banca y Seguros; establecerán un reglamento interno, rendición de informe y auditoría interna.
El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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