El caso del magistrado Celso Gamboa, investigado por supuestamente conocer e incidir en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, ha afectado profundamente la imagen del Poder Judicial y generado toda clase de roces entre los funcionarios que trabajan para él.
Por esta razón, el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) ha enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto para reformar la forma en la que se eligen los magistrados, con el fin de que no puedan postularse profesionales con carrera política, es decir, que hayan trabajado antes en puestos designados a por altos políticos o que se hayan desempeñado en puestos de elección.
Según el Sindijud, ello hace que los favoritos de los diputados de la Asamblea Legislativa sean personas cercanas a ellas, además de quedar en «deuda política», es decir, que en caso de que los legisladores sean acusados de alguna forma, el magistrado electo puede verse obligado a retribuir el favor.
“Se ha denunciado también, a través de los medios periodísticos, la manipulación del procedimiento para tales designaciones, en el tanto se ha llegado a calificar con nota ‘cero’ la entrevista de las personas postulantes a la magistratura, a fin de dejarles fuera de toda posibilidad de elección, lo que atenta contra la transparencia y pone de manifiesto el vicio en las formas“, indica el sindicato.
Con anterioridad, distintas entidades y personalidades han denunciado esta clase de elecciones, como la Asociación Costarricense de Fiscales, la juez Rosaura Chinchilla y el expresidente de la Sala III José Manuel Arroyo, quien denunció hace año y medio ser amenazado por el mismo Gamboa.
De igual forma, desde el 2009 la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) había presentado otra propuesta de reforma para la elección de la Corte Suprema de Justicia, en la que planteaban subir de 35 a 40 años la edad mínima para concursar por el puesto, así como que hubiera ejercido el Derecho por al menos 20 años.
Recientemente ha circulado la idea de que los magistrados solo puedan ejercer en una ocasión su puesto (por ocho años) con lo que no compremeterían sus votos a ningún partido político para ser reelectos.
¿Usted qué opina?