Este lunes fueron aprobadas dos mociones a la ley de reforma del fondo de pensiones del Poder Judicial, gracias a una alianza entre las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), con las cuales el fondo será administrado por los mimos funcionarios que cotizan en él.
Una vez sea aprobada la ley, la junta administradora del fondo de pensiones estará integrada por tres miembros designados por la corte plena y otros tres elegidos por las asociaciones gremiales. En la versión anterior, eran dos miembros por cada uno de estos grupos y tres más independientes.
Además, luego de los cambios aprobados, se faculta al fondo a dar créditos financieros, lo que pone en riesgo su líquidez, según denuncia la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero, quien aludió al estudio actuarial realizado meses atrás por la Universidad de Costa Rica (UCR).
Guerrero señaló que estas mociones fueron aprobadas por compromisos electorales del candidato del PLN, Antonio Álvarez Desanti, quien negoció con los gremios judiciales justo antes de renunciar a la presidencia de la Asamblea Legislativa, para poder dedicarse de lleno a la campaña.
«Finalmente este es un síntoma de los acuerdos políticos y de una mala administración entre una cúpula, porque desde un principio, siempre estuvo el acuerdo entre gremios y Corte Plena. Las cosas hay que decirlas por su nombre, hay partidos que han cohabitado con esos intereses, justamente para poder respaldarse», indicó Guerrero.
Para los verdiblancos, el simple hecho de que ahora exista una junta administradora es un avance,
“Como la creación de una junta administrativa de pensiones, antes no existía y era manejado por un consejo superior. Ahora se crea la junta, que estará compuesta por tres miembros de la Corte y tres del colectivo judicial, pero con condiciones claras en términos de formación profesional y responsabilidad”, señaló la diputada Sandra Piszk.
Límite de ¢4.000.000 para las pensiones
De igual forma se aprobó un máximo para las pensiones del fondo, el cual fue establecido en ¢4.000.000 (cuatro millones). Con la legislación actual, los magistrados y altos cargos del Poder Judicial se pensionan con montos que alcanzan los ¢9.000.000.
Otro de los cambios aprobados es que las jubilaciones serán por 82% del promedio de los últimos 240 salarios y no el 100% de los últimos dos años, como se hacía hasta ahora.
“Las mociones que hemos presentado dan garantías para que el régimen sea sostenible. Creemos que los gremios quedan contentos. Se quitan privilegios odiosos a magistrados y que nos hacía llegar a pensiones mayores a los 5 millones de colones, por lo que se hace justicia”, comentó el liberacionista Julio Rojas.
Asimismo, el aporte de los trabajadores pasa de un 11% a un 13%, así como elevar la edad para pensionarse a los 65 años para ambos géneros (antes era a los 60 años para las mujeres y 62 para los hombres). Deben contar además con 35 años mínimos de servicio.
¿Usted qué opina?