El Ministerio Público ha iniciado investigaciones exhaustivas sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública, tras recibir diversas denuncias presentadas por funcionarios en ejercicio, quienes han aportado decenas de pruebas que respaldan sus acusaciones.
En los últimos meses, el Ministerio Público ha recibido una importante cantidad de cajas con presunta evidencia de irregularidades. Un caso destacado ocurrió hace un año, cuando el exdirector del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, entregó un camión cargado con varias cajas de documentos que supuestamente demostrarían las exoneraciones fiscales que han beneficiado a empresarios de alto rango.
Lea También: CNE aprueba proceso de contratación de biometría para las elecciones primarias 2025
Además, el director de aduanas, Fausto Cálix, ha presentado pruebas sobre la supuesta comisión de delitos de defraudación fiscal en perjuicio del Estado. En días recientes, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, entregó 22 cajas con documentos que, según él, evidencian actos de corrupción relacionados con el uso indebido del fondo departamental. Estos tres casos han sido considerados de gran magnitud y podrían dar lugar a investigaciones más profundas.
El director de Migración, Wilson Paz, también ha denunciado la implicación de empleados de su institución en actos irregulares dentro de los procesos de control migratorio. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, entregó datos que vinculan a la extinta CEDIS con informes manipulados en el manejo de ayudas sociales.
A lo referido, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, destacó que los fiscales están trabajando en las acciones legales pertinentes para evitar la impunidad en estos casos. “Investigar corrupción no es tan fácil, es un proceso complejo y, a veces, lleva tiempo, pero tengan la plena seguridad de que estamos trabajando para erradicar la impunidad, especialmente en estos casos”, aseguró Mora.
Sin embargo, el abogado Jaime Rodríguez advirtió que la ley establece que, si la evidencia es insuficiente o si existen dudas razonables, se debe absolver a los acusados. “La ley es clara en cuanto a que, si no hay pruebas suficientes, la absolución es lo que corresponde”, comentó Rodríguez.
Estas investigaciones siguen en marcha, y el Ministerio Público continuará recolectando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables de estos presuntos actos de corrupción enfrenten la justicia.
Lea También: En investigación empresa de seguridad que permitió uso de armas a civiles que se enfrentaron con la policía
