La Secretaría de Seguridad de Honduras ha anunciado una nueva ampliación del estado de excepción por 45 días más, extendiéndose hasta el 2 de octubre de este año.

Esta decisión ha generado críticas desde diversos sectores de la sociedad hondureña, quienes cuestionan la efectividad de esta medida que ha estado en vigor durante más de un año.

Las denuncias sobre actos ilícitos cometidos bajo el amparo del estado de excepción han aumentado, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.

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Desde la sociedad civil, se ha señalado que esta estrategia ha fracasado, ya que en lugar de mejorar la situación de seguridad en el país, ha abierto la puerta a abusos de poder por parte de algunos miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Para algunos analistas y expertos en seguridad, es hora de abandonar las extensiones del estado de excepción y proponer nuevas estrategias para combatir la violencia y criminalidad.

La falta de resultados a largo plazo ha generado frustración entre los ciudadanos y expertos, que piden reformas más profundas y sostenibles.

Sin embargo, las autoridades defienden la ampliación del estado de excepción, argumentando que las estadísticas muestran una mejora en la situación de inseguridad en Honduras.

Según los informes del gobierno, la tasa de homicidios y otros delitos ha disminuido desde que se implementó esta medida, lo que justificaría su continuidad.

Este es el decimoquinto período consecutivo en que el estado de excepción se prolonga, lo que ha despertado dudas sobre si esta medida es realmente una solución temporal o si se ha convertido en una política de seguridad permanente.

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Estas restricciones están diseñadas para permitir a las autoridades tomar medidas rápidas y efectivas en tiempos de crisis, pero también han generado debates sobre el equilibrio entre la seguridad y la protección de las libertades civiles.