El Congreso Nacional de Honduras, fue la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvo al abogado René Adán Tomé, asesor legal del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y a varios guardias de seguridad del hemiciclo legislativo. Esta acción forma parte de una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción en el poder legislativo, específicamente en el manejo del Fondo Departamental de los diputados.
El fiscal general de la República, Joel Zelaya, informó a través de sus redes sociales que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, se ordenó el secuestro de documentos clave dentro del Congreso Nacional, vinculados a estos presuntos actos corruptos. «La inmunidad parlamentaria no debe confundirse con impunidad. El pueblo exige respuestas y este Ministerio Público se encargará de dárselas», destacó Zelaya en su publicación.
Arrestos inesperados en el Congreso Nacional de Honduras
Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de este jueves de noviembre cuando, tras un intenso operativo, el abogado René Adán Tomé, quien ha sido un estrecho colaborador del presidente del Congreso, fue arrestado por agentes de la ATIC. El abogado es conocido por su rol clave en la asesoría en temas constitucionales y judiciales dentro del Congreso. Los guardias de seguridad que acompañaban al asesor también fueron detenidos, lo que ha generado especulación sobre si estos intentaron impedir el acceso de los agentes al Congreso o el aseguramiento de documentos cruciales.
El operativo sorprendió tanto a los empleados como a los periodistas presentes en el lugar, quienes fueron evacuados del área del Congreso tras un cambio inesperado en la conferencia de prensa que estaba programada.
¿Por qué los arrestos en el Congreso Nacional de Honduras?
Este operativo forma parte de una investigación más amplia sobre la corrupción en el Congreso, la cual podría involucrar hasta 34 diputados actuales y anteriores. Según las autoridades, los delitos investigados incluyen la manipulación de fondos y otras irregularidades relacionadas con contratos del Estado y la gestión pública. La intervención de la ATIC ha sido descrita como una de las más significativas en la historia reciente del Congreso Nacional, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, manifestó su apoyo a la iniciativa del Ministerio Público y señaló que ha denunciado consistentemente la corrupción dentro del poder legislativo. A través de sus redes sociales, Redondo expresó: «Desde el año 2022 denuncié la corrupción público-privada de la narcodictadura que saqueó al Estado durante 12 años y 7 meses. Valoro la iniciativa del Fiscal General para investigar a los congresistas involucrados en la entrega del territorio, la venta de la Corte Suprema de Justicia, y la negociación de contratos fraudulentos».
Acciones de Johel Zelaya
El fiscal Joel Zelaya, por su parte, reiteró el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, dejando claro que no se detendrán ante ningún poder del Estado que haya violado la ley. «El pueblo exige respuestas y este Ministerio Público se encargará de dárselas», concluyó Zelaya en su mensaje, subrayando que las investigaciones continúan y que se están tomando las medidas necesarias para esclarecer los hechos.
A medida que avancen las investigaciones, se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre el alcance de la intervención y los posibles requerimientos fiscales que podrían surgir a raíz de los documentos decomisados en el Congreso Nacional.
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