Tras la incautación del avión, el gobierno de Nicolás Maduro se pronunció ante un comunicado en el cual señaló que Venezuela no llevaría a cabo acciones legales.
El comunicado dice textualmente que: » La Republica Bolivariana de Venezuela se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal» de Estados Unidos.
Asimismo, calificó la confiscación del avión como un acto de «piratería».
El comunicado también denunció que esta acción forma parte de una «práctica criminal reincidente» por parte de Estados Unidos, que ha confiscado ilegalmente una aeronave utilizada por el Presidente de la República.
Según el texto, Washington se ampara en «medidas coercitivas» que impone de manera unilateral e ilegal en todo el mundo.
Durante años, el gobierno estadounidense ha confiscado docenas de vehículos de lujo y otros activos con destino a Venezuela, pero nunca antes había incautado un vehículo con tanta relevancia y simbolismo.
¿Qué se sabe del avión incautado a Maduro desde EE.UU.?
En una operación liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se realizó la incautación de una aeronave vinculada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La acción forma parte del programa de sanciones contra el gobierno venezolano, establecido bajo la Orden Ejecutiva 13884, que incluye el bloqueo de propiedades asociadas con el régimen de Maduro.
La aeronave se confiscó en la República Dominicana y trasladada al Distrito Sur de Florida como parte de las medidas judiciales.
Lea También: Fiscalía de Venezuela emite orden de captura contra Edmundo GonzálezEn un comunicado reciente, el fiscal general Merrick B. Garland explicó que la incautación del avión se ha obtenido de manera ilegal por 13 millones de dólares a través de una empresa fachada.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la aeronave es utilizada para fines personales por Nicolás Maduro y su círculo cercano.
El avión, se exportó desde Estados Unidos hacia Venezuela en abril de 2023, transitó a través del Caribe en un intento de evadir las restricciones impuestas por una orden ejecutiva.
Esta orden prohíbe a los ciudadanos estadounidenses participar en cualquier transacción comercial con el régimen de Maduro, buscando así evitar la financiación de actividades ilícitas.
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