El mismo día que aplicó nuevas sanciones contra funcionarios chavistas, Estados Unidos condenó este jueves la «ley contra el odio» que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), a la que calificó como una «nueva herramienta para suprimir la libertad de expresión».
La norma prevé largas condenas de cárcel, cierre de medios de comunicación e inhabilitación de partidos que promuevan delitos que se consideren motivados por odio.
«El estrangulamiento de la democracia por parte del régimen (del presidente venezolano, Nicolás Maduro aumenta a diario», manifestó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
«Ayer, la ilegítima Asamblea Constituyente lanzó su nueva herramienta para suprimir la libertad de expresión en Venezuela, incluida la libertad de prensa, con la aprobación de una nueva ley diseñada para suprimir las voces disidentes, que entró en vigor inmediatamente», agregó la funcionaria.
Nauert además comentó que mientras que el régimen de Maduro siga comportándose como una dictadura, Estados Unidos seguirá usando su «poder económico y diplomático» para presionarle con nuevas medidas.
«Por eso hemos anunciado hoy sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos»que han cometido medidas «diseñadas para silenciar a la oposición», añadió la portavoz.
El Departamento del Tesoro sancionó este viernes a diez altos cargos de Venezuela, entre ellos varios miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tres ministros del régimen de Maduro, por socavar la democracia y actividades de censura y corrupción.
Las sanciones están relacionadas con las «numerosas irregularidades» que, según Washington, caracterizaron las elecciones de gobernadores del pasado 15 de octubre en Venezuela, las cuales estuvieron teñidas de violencia.
«Estados Unidos mantendrá sanciones a los funcionarios venezolanos designados hasta que rompan con el régimen dictatorial de Maduro y apoyen la restauración de la democracia y el orden constitucional», apuntó Nauert.
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«Seguiremos exigiendo que rindan cuentas aquellos que busquen destruir la democracia venezolana y robar al pueblo venezolano el futuro próspero que merecen», añadió la jerarca.
La ley aprobada este miércoles por la Constituyente oficialista en Venezuela prevé la posibilidad de castigar con hasta 20 años de cárcel los delitos de odio y entre 8 y 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan esos crímenes.
Además, permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que «promuevan el fascismo» y los demás «delitos de odio».
Los dueños de los medios que no estén de acuerdo con transmitir en su programación o en sus páginas una serie de contenidos avalados por el Estado para estimular la «diversidad», se exponen a sanciones de hasta el 4% de sus ingresos fiscales brutos del ejercicio anterior al período en que ocurran los hechos.
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