En respuesta a la reciente divulgación de una lista de 33 políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico, la presidenta Xiomara Castro ha instado al Poder Judicial a tomar medidas drásticas y efectivas en todos los casos.

La lista revelada en la cadena nacional ha generado una fuerte presión sobre el Ministerio Público (MP) para que actúe con rapidez en la investigación de estas acusaciones y destacan que el MP no tiene otra opción que investigar cada uno de los casos presentados con el máximo rigor.

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Esta situación representa una prueba de fuego para el fiscal general Johel Zelaya, quien, según Yari Dixon, debe demostrar su capacidad y compromiso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Dixon enfatiza que la forma en que Zelaya maneje estos casos definirá su reputación y su efectividad como funcionario.

Por otro lado, el abogado penalista Raúl Pineda ha criticado el mensaje de Castro, argumentando que podría interpretarse como una amenaza hacia los partidos de oposición.

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Pineda sugiere que la acción del gobierno podría estar motivada por intereses políticos y no exclusivamente por el deseo de hacer justicia.

La ausencia de nombres de figuras prominentes de Libre en la relación de implicados ha suscitado sospechas de que podría haber un intento de proteger a los miembros de dicho partido.