Las tres grandes compañías de telefonía móvil del país, kölbi, Movistar y Claro, deberán apegarse a la orden de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), tras declarar libertad tarifaria para los usuarios. Esto significa que las empresas podrán definir la modalidad de las tarifas.
Hasta hace unos días, el encargado de esto era la Superintendecia, pero Gilbert Camacho, presidente del Consejo, afirmó que “mantendrán un monitoreo constante, con el fin de impedir prácticas anticompetitivas”.
Esta decisión se determinó en una sesión realizada el 18 de setiembre, mediante el acuerdo N° 004-067-2017, que el mercado tendrá disponible múltiples y mejores ofertas comerciales. Además, esto será fiscalizado por la SUTEL para que los derechos y calidad de los servicios tenga un alto nivel.
El órgano regulador atendió el tema luego de que se presentaran 10.462 observaciones realizadas por ciudadanos y entidades, tales como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) o la Defensoría de los Habitantes (DHR).
Por su parte, Montserrat Solano, defensora de los habitantes, ha expresado en distintas ocasiones su preocupación al respecto y comentó que el país aún no cuenta con una competencia efectiva en el mercado móvil. La decisión de la SUTEL podría permitir que las tres compañías cobren por descarga, situación que aumentaría la factura final del consumidor.
La noche de este miércoles, la Defensoría ratificó su oposición a esta iniciativa a través de las redes sociales.
“Para que SUTEL pueda, válida y legalmente, declarar en competencia efectiva el mercado minorista de telefonía móvil, tiene que cumplir a cabalidad con lo ordenado por el artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones : emitir una resolución debidamente fundamentada. La resolución impugnada hoy por la Defensoría está lejos de ser ese tipo de resolución», indicó la Defensora.
Para Solano, la decisión de la Superintendencia carece de legalidad e incumple el principio de básico de su fundación, proteger los intereses de los consumidores de servicios.
«Es un acto administrativo plagado de vicios que minan, precisamente, el fundamento que el legislador le ordena a la SUTEL tener para ordenar la desregulación tarifaria de esta actividad. En esas condiciones, la declaratoria de competencia efectiva de este mercado es contraria al ordenamiento jurídico», enfatizó Solano.
Se espera que en los próximos días al Defensoría de los Habitantes envíe un informe oficial a las autoridades competentes, con el fin de obligar a la SUTEL a dar marcha atrás con la decisión.
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