En una reciente entrevista en el programa «Once Noticias«, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, abordó la situación que ha surgido en torno a los requerimientos del Ministerio Público contra exdiputados y diputados actuales.
Estos requerimientos están relacionados con la desviación de fondos del erario público a través de una ONG.
Nuevos requerimientos
Fuentes expresó que no lo sorprende que estos requerimientos estén saliendo a la luz, ya que desde 2018 se habían elaborado, pero habían quedado en el olvido.
Según el diputado, el nuevo fiscal está desengavetando estos casos y llevando a los responsables ante los tribunales.
«Fueron miles de millones, no estamos hablando de cantidades menores», afirmó, señalando que una sola ONG, vinculada a la familia de la primera dama durante la administración de Juan Orlando Hernández, manejó más de 2,300 millones de lempiras.
El diputado destacó que hay un total de 279 ONGs involucradas en este presunto saqueo de recursos del Estado, y que muchos de los directivos de estas organizaciones podrían ser responsables, aunque no todos los miembros de las directivas sean culpables del desvío de fondos.
¿Quiénes podrían ser acusados por el Ministerio Público?
Fuentes también mencionó que hay varios diputados actuales implicados, quienes anteriormente fueron funcionarios en la administración pasada.
Se estima que unas 2,000 personas podrían estar involucradas en este escándalo, dado que muchas de las ONGs eran «fantasmas» y solo existían en papel, indicó el parlamentario.
Sin sustento
Además, el diputado hizo referencia a denuncias de derroche de fondos en el Congreso Nacional, donde se identificaron cerca de 3,000 millones de lempiras sin respaldo. «El Congreso Nacional también ha sido una institución saqueada», declaró.
¿Hay persecución política en Honduras?
En cuanto a las acusaciones de persecución política que han surgido en días recientes, Fuentes respondió que es natural que los militantes del Partido Nacional se sientan amenazados, pero enfatizó que la Fiscalía debe investigar a todos los involucrados, sin importar su afiliación política.
«Aquí lo que se les está pidiendo es cuentas por un dinero que estuvo en sus manos y desapareció», concluyó.
La situación en Honduras continúa desarrollándose, y el trabajo de la Fiscalía se presenta como un desafío monumental para recuperar la confianza del pueblo en las instituciones del país.
Por su parte, las autoridades de ese instituto político mediante un comunicado han denunciado que las acciones de la Fiscalía podrían ser “persecución política”.
¿Qué es el caso Sedis?
De acuerdo a investigaciones de la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), entre los periodos 2014 a 2018 se registró presuntas irregularidades de fondos.
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) ahora Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), era una institución estatal que ofrecía ayudas sociales.
Entre la supuesta malversación de caudales públicos, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó un informe de una línea de investigación por la falta de liquidación de Sedis por el orden d ellos 160 millones de lempiras.
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