El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Servidores Públicos del Sector Justicia, ha presentado un requerimiento fiscal contra tres exmagistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados, Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, Reynaldo Antonio Hernández y Wilfredo Romero, están acusados de emitir una resolución ilegal que favoreció a una institución bancaria con una suma de 159 millones de dólares.

El requerimiento fiscal, anunciado el lunes 9 de septiembre, sostiene que los ex funcionarios cometieron el delito de prevaricato administrativo al emitir una sentencia que habría sido ilegal y que favoreció de manera indebida a la entidad bancaria.

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Este tipo de conducta es considerada una grave violación a la ley, ya que implica una decisión arbitraria que contraviene los principios de justicia y legalidad.

El delito de prevaricato administrativo, según explican expertos en derecho, conlleva penas de prisión que oscilan entre tres y cinco años. La acusación destaca la seriedad del caso, subrayando que la resolución en cuestión no solo fue perjudicial para el interés público, sino que también comprometió la integridad del sistema judicial.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Suyapa Thumann, ha informado que antes de presentar cualquier requerimiento fiscal, existe la posibilidad de intentar otro recurso: el recurso de revisión que permite revisar y reconsiderar decisiones previas antes de avanzar con el proceso fiscal.