Una disputa familiar ha salido a la luz en la Colonia Taiwán, Choluteca, Honduras, donde tres hermanos han iniciado una batalla legal y personal por la vivienda que su madre, María de los Santos Chirinos, dejó tras su fallecimiento el pasado 4 de diciembre de 2024 como herencia.

Por lo que Ramón José y Santos David Ordóñez Maldonado han denunciado a su hermano José Leonardo Pacas Chirinos, acusándolo de apropiarse de los documentos de la casa sin su consentimiento con la intención de desalojarlos.

Según los denunciantes, el acusado apareció repentinamente en la vivienda que es la herencia con una abogada y un presunto comprador exigiendo que desalojen el inmueble de su madre fallecida en Choluteca, Honduras.

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«Los documentos de la casa desaparecieron y ahora él nos dice que la casa le pertenece porque nuestra madre se la regaló. Todo el barrio sabe que nosotros hemos vivido aquí toda la vida y que él nunca ha sido parte de nuestra comunidad», declara Ramón José Ordóñez.

Los hermanos denunciantes aseguran que han habitado la vivienda por años y que cuidaron de su madre en sus últimos días de vida, cuando padecía Alzheimer: «Nosotros nunca abandonamos a nuestra madre, siempre estuvimos pendientes de su salud, de su alimentación y aseo. Él, en cambio, nunca estuvo presente», agregó Santos David Ordóñez.

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¿Por qué José Leonardo Pacas Chirinos dice que la casa de su madre muerta es de él?

Pacas Chirinos sostiene que la propiedad le pertenece, asegurando que su madre le firmó un documento de compra y venta en noviembre de 2023 y que él le enviaba dinero mensual a su madre.

«Yo tengo pruebas de que esta casa era mía. Mi mamá me la dio hace cinco años porque no quería problemas tras su fallecimiento. Yo incluso enviaba dinero mensualmente para su mantenimiento, y cuando un remolino destruyó el techo, yo envié 40 mil lempiras para su reparación», afirmó.

Según Pacas Chirinos, su intención es vender la vivienda, pero sus hermanos se niegan a desalojarla. «Yo quiero solucionar esto de manera pacífica. Les he ofrecido 25 mil lempiras para que busquen otro lugar, pero ellos se rehúsan. Si no desalojan de manera voluntaria, procederé con una orden de desalojo legal», advirtió.

Sin embargo, el conflicto sigue su curso legal, y se espera que las autoridades determinen a quién le corresponde la propiedad de la vivienda.

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