El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), notificó que presentó un requerimiento administrativo contra el Luis Zelaya y Octavio Pineda, expresidente y exsecretario general de la institución, respectivamente, para que presenten documentación relacionada a su gestión.

En ese sentido, la máxima autoridad administrativa y ejecutiva del ente político pidió a los antes mencionados que entreguen todas las actas originales de las sesiones del CCEPL entre 2017 y 2021, ya que, en el archivo «solo obran un total de 17 Actas, de las cuales 13 son Ordinarias y 4 Extraordinarias».

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Asimismo, se le solicitó a Luis Zelaya y Octavio Pineda que proporcionen los estados financieros con su respaldo de de movimientos, escrituras de propiedad de los bienes inmuebles y su inventario.

Igualmente, se les requirió para que brinden las planillas presentadas por los movimientos internos que participaron en las elecciones primarias del 2021, a efecto de conformar los consejos departamentales y municipales a nivel nacional.

El CCEPL manifestó que la negativa del expresidente y exsecretario en facilitar estos escritos no corresponde a los principios de transparencia y rendición de cuentas; del mismo modo, están impidiendo que las nuevas autoridades del partido realicen sus funciones en los cargos en los cuales fueron electos la militancia.

COMUNICADO
El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), máxima autoridad administrativa y ejecutiva de este histórico instituto político, a la comunidad nacional e internacional y a los medios de comunicación informa que… pic.twitter.com/z09QfoZB2y
— Partido Liberal de Honduras (@PLHonduras) February 3, 2022

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Finalmente, las autoridades del instituto rojo-blanco-rojo detallaron que dicho requerimiento administrativo es el último intento administrativo de recuperar la
documentación requerida, el mismo vence en un plazo de 72 horas, por lo que de no acatar las ordenes, procederán a interponer denuncias ante los entes fiscales e investigadores del país; esto bajo el alegato de «infidelidad en la custodia de documentos públicos, sustracción y ocultación de éstos, lo que puede dar pie a procesos administrativos, civiles y hasta penales».