Luego que la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción revocara las medidas sustitutivas a cinco involucrados en la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras, el Ministerio Publico (MP) está a la espera que a la brevedad se cumpla con la imposición de la prisión preventiva.
Para llevar a cabo la prisión preventiva para los supuesto implicado en este caso, el MP espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de notificación y de cambio de medidas respectiva.
El planteamiento de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en la apelación, radica en el hecho que Alex Alberto Moraes Girón (administrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (contador general), Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (especialista administrativo y financiero), Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería) no debían defenderse en libertad en razón de la gravedad de los actos cometidos.
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De igual forma, dicha unidad considera «que desde afuera éstos podrían incidir en el curso del presente proceso, así como en otras causas judicializadas o en más líneas de investigación que se les siguen».
Además, dentro de los encausados en este expediente también está el exdirector de INVEST-H, Marco Antonio Bográn Corrales, actualmente con prisión preventiva y a quien también se le confirmó el auto de formal procesamiento.
Según un comunicado emitido por el MP, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
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Mediante un concierto previo, los supuestos involucrados simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, en razón que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Por tal motivo, los imputados ahora están siendo procesados por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude, por pagar un primer monto arriba de los 50 millones de lempiras y luego por un valor superior a lo 39 millones de lempiras.
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