Luego de que ayer se ratificaran en el Congreso Nacional todas las reformas penales, se encienden las alarmas en todos los sectores por los alcances que las mismas tendrán.
Bajo este contexto, el abogado Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos y Derecho Internacional, señala que un primer impacto de estas reformas es la consolidación del régimen autoritario y militar, es decir, el presidente ya tiene el control de todas las instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, las cuales se han convertido en sus fieles aliados a cambio de importantes recursos en el presupuesto ordinario y extraordinario (tasa de seguridad). De esta última reciben el 60% de los recursos.
Con las reformas aprobadas, el especialista afirma que ahora el presidente les da carta abierta a los militares para controlar con la fuerza de las armas a la oposición ciudadana y sin ser castigados.
“Como ya logró el control de las instituciones, solo le falta el control de la oposición ciudadana mediante el miedo y la utilización del derecho penal como mecanismo de control social”, sostiene.
En términos concretos, Mejía indica que de esta forma se consolida el régimen autoritario que controla todo, ya sea a través de las componendas políticas, de la fuerza y del miedo y, por otro lado, impacta seriamente en la democracia porque se restringen las libertades ciudadanas, y la gente, ante el miedo de ser acusada de terrorista o de ser asesinada impunemente por las fuerzas de seguridad del Estado, evitarán la exigencia de sus derechos.
Somos el hazme reír del mundo
Por su parte, el ex fiscal de la República, Edmundo Orellana, apunta que el Estado de Honduras será el hazme reír del mundo por la aprobación de la “ley antiterrorismo” por la forma en la que se hizo, pues se tipifica como terrorista a una persona por el simple hecho de meterle fuego a un bien público o privado, cuando el concepto mundial para tipificar ese delito tiene otras connotaciones.
“Aquí quieren tipificar como terrorista a un marero que incendie un bus o una pulpería porque no les pagan la extorsión; realmente seremos el hazme reír del mundo”, agregó.
Orellana, quien fue embajador de Honduras ante la ONU durante 1998-1999, manifestó que el terrorismo fue excluido como parte de los delitos que deberían ser conocidos por la Corte Penal Internacional, porque no hubo unanimidad sobre el tema por ser muy delicado.
Indicó que internacionalmente el terrorismo es aplicado cuando existen grupos de personas cuya finalidad es desestabilizar a un gobierno o una sociedad por asuntos extremos en materia política, religiosa o ideológica, y que causen daños gigantescos en la población, pero no derivado de extorsiones.
Orellana también destacó que no se debe soslayar la verdadera intención del gobierno, que no es más que detener la protesta ciudadana ante la inconstitucional reelección del presidente, Juan Hernández. “De ahora en adelante el gobierno tendrá una herramienta legal para reprimir a quien proteste”, advirtió.
“Por ejemplo si nosotros vamos en una manifestación en contra de la reelección y alguien por ahí le mete fuego a MacDonald’s, todos los que estamos ahí somos pasivos de una acción legal, en este caso de terrorismo, con la consecuencia que nos adjudiquen una pena severísima”, acotó.
Agregó que es evidente que el propósito del presidente Hernández por urgir la aprobación de este tipo de reformas es para evitar tener el rechazo popular en las calles, ya que el tema se ha sacado precisamente ahora que se está a las puertas de las próximas elecciones y porque la quema de buses o vehículos repartidores de productos, no es nada nuevo.
Periodistas y terroristas en tema de armas
Sobre el mismo tema, el analista sociopolítico, Miguel Cálix, instó la mañana de este jueves al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) para que presente un recurso de inconstitucionalidad en contra de la “ley antiterrorista”, aprobada en el Congreso Nacional.
Cálix consideró que la reforma al artículo 335B del Código Penal, que se introdujo como un agregado ante el Congreso por el presidente de la bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez, violenta el procedimiento Constitucional porque no fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que expusiera su opinión, como se hizo con los demás artículos que componen la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.
En razón de lo anterior, Cálix reflexionó además que el presidente de la República, Juan Hernández, debe proceder al veto.
“En mi opinión en particular, la forma en la que se introdujo este artículo, más allá de la buena voluntad que se presume siempre detrás de una actividad de este tipo, está la forma; no pasó el procedimiento constitucional lo cual genera un debate interesante, debe vetarlo el Presidente y tendría que vetar todo el decreto”, expresó.
Asimismo “debemos esperar que una parte interesada (…) Yo esperaría que el Colegio de Periodistas presente un recurso de inconstitucionalidad contra esa disposición y hacer funcionar el sistema”, adujo.
El agregado al artículo 335B establece que incurre en apología del odio e incitación de actos de terrorismo, quien “públicamente o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.
Esto es lo que se necesita ser objetivos y hablar de las cosas tal como son este señor que se dice llamar presidente y todos sus compinches esta haciendo esto para tener al pueblo adrementado y con miedo. Ahora las cosas se haran como ellos quieren y si no vas preso. Honduras si esta cambiando bravo.