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MEIC y empresa productora de acero niegan que pretendan subir arancel de importación

Cablecolor

Tras la denuncia de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y un grupo de importadores de materiales de que en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) pretenden grabar con un impuesto de 15% la entrada al país de varilla para construcción, tanto el ministerio, como la empresa que solicitó el estudio, salen al paso a negar que esto encarezca la edificación de obras en el país.

Según indican en el MEIC, se trata de la apertura de una investigación en materia de salvaguardia de las importaciones de varilla de acero, ante la solicitud de la empresa nacional ArcelorMittal, realizada el 30 de noviembre del año anterior, la cual indica que sufre un daño por el aumento en el volumen de las importaciones de este material.

El MEIC, a través de la Dirección de Defensa Comercial analiza dicha solicitud y determina que la gestión cumple los requisitos jurídicos para su apertura.

“Esta es una investigación totalmente técnica que requiere del aporte de todas las partes interesadas, bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); por eso, la investigación que se encuentra abierta desde el 02 de abril, está en la etapa de recolección de información y todos los actores legitimados para ello, están siendo convocados para que puedan demostrar si hay afectación o no sobre la industria. Dicha información será la base para resolver si procede la aplicación de una medida de salvaguardia”, dijo la jerarca del MEIC, Geannina Dinarte.

Esta medida, es un instrumento legítimo desarrollado por la OMC, que permite a los sectores productivos nacionales, que se vean afectados gravemente por el efecto de las importaciones súbitas de productos similares a los que produce; reajustarse para competir en igualdad de condiciones con los productos importados.

“La medida de salvaguardia lo que busca es identificar como parte del proceso de investigación, si hay un incremento tal en las importaciones que cause una afectación de la industria local. Este proceso amparado por la OMC es un proceso técnico, no es un proceso político, el cual abre la oportunidad a las partes interesadas para que puedan generar la información suficiente para determinar qué está pasando en este mercado y cuáles son los efectos que tienen sobre la industria”, agregó la jerarca.

 Es importante destacar, que la ministra ha informado a la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), sobre dicha investigación, de tal manera que una vez concluida se puedan obtener los elementos que puedan determinar o no la necesidad de aplicar la medida de salvaguardia en beneficio del interés público.

Lucrecia Brenes, asesora legal de ArcelorMittal, explicó que lo que se busca es defender la producción nacional y en ningún momento impedir las importaciones, como se ha dicho, faltando a la verdad, por parte de algunos importadores.

“ArcelorMittal ha solicitado al MEIC una investigación objetiva y transparente sobre el comercio desleal que a nivel internacional se registra, ya que esta es una coyuntura temporal con efectos nefastos e irrecuperables, que amenazan con desaparecer la producción nacional y por consiguiente generaría la pérdida de empleos en el país y la contribución económica que nuestra empresa realiza a Costa Rica”, señaló Brenes.

Brenes argumentó que ArcelorMittal es el quinto cliente más importante del ICE, con US$2.7 millones facturados en el año 2017; es el sexto consumidor de búnker para Recope, con US$1.7 millones facturados en el año 2017; es el segundo mayor cliente del Incofer, con US$617.000 facturados en el año 2017.

Además, el empleo generado por esta empresa en la fabricación de acero en Costa Rica genera una contribución a la CCSS e IMAS por US$1.125.000, según aportes realizados en el año 2017. De igual forma, la empresa realizó exportaciones por US$53.6 millones durante el año 2017, y contrata para su operación a más de 350 empresas en Costa Rica, que incluye más de 45 pequeñas y medianas empresas.

El plazo de la investigación es de seis meses, los cuales se podrán prorrogar hasta un plazo de seis meses adicionales.

 

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