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MACCIH abriría investigación contra el fiscal adjunto Rigoberto Cuellar por el caso Agua Zarca

Contra esta empresa luchó la ambientalista y defensora del ambiente, Berta Cáceres, ultimada el 3 de marzo de 2016.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), libraría una investigación contra el propio fiscal adjunto, Rigoberto Cuellar, por supuestas irregularidades en la concesión de la licencia ambiental a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA, y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

“(…) aquí les presentamos el problema de las licencias ambientales otorgadas en ese momento por el ministro de Estado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el doctor Rigoberto Cuellar Cruz (actual fiscal adjunto), el señor Rafael Antonio Canales Girbal, en ese momento secretario general de la misma secretaría de recursos naturales y ambiente (…)“, anunció Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH.

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“(…) y la pregunta que hacíamos, cómo es posible que el señor Roberto Cardona, procesado por ampliar la licencia, esté procesado e inclusive detenido, y quien otorgó la licencia original no tenga ningún tipo de consecuencia (…)”, deploró Jiménez Mayor haciendo alusión a Cuellar.

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Esta investigación abarca a representantes de varias empresas nacionales y extranjeras pero también tocará las puertas del Congreso Nacional.

“son elementos de indicios que nos pueden llevar a una investigación que ya inició el Ministerio Público y lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar en equipos integrados con la Fiscalía de Etnias que en este momento tiene a cargo este expediente de los hechos irregulares o presuntamente irregulares de la concesión de los contratos para efectos de tener claridad y si existen responsabilidades penales que se determinen las sanciones del caso”, comentó el sudamericano.

La MACCIH investigaría delitos de abuso de autoridad, fraude y posible lavado de activos.

Mayor aclaró que “(…) la inversión es importante para la generación de empleo, para la generación de riqueza, para el progreso del país pero tiene que ser inversión de calidad, inversión respetuosa del entorno social y respetuosa del ambiente”.

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“Los delitos que se están estableciendo como hipótesis son los de abuso de autoridad, fraude, que es la colusión entre la empresa y los funcionarios para gestionar trámites y acortar, entre comillas, los procedimientos y no cumplir la ley con beneficio económico y patrimonial, y en tercer lugar la posibilidad de lavado de activos, como hemos señalado hace unos instantes”, sentenció el peruano.

Las investigaciones anunciadas por la MACCIH serán realizadas conjuntamente con el Ministerio Público, dijo el vocero.

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