El pleno del Congreso Nacional se reunirá mañana martes para discutir e intentar aprobar la Ley de Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, que contiene reformas penales para combatir más duramente los delitos de la extorsión, las asociaciones ilícitas de maras y pandillas y otras formas de crimen organizado.
El doctor en Derechos Humanos y Derecho Internacional, Joaquín Mejía, señala que particularmente hay dos reformas que generan mucha preocupación: La inculpabilidad para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el delito de terrorismo.
En cuanto a lo primero, se trata de la reforma del artículo 25 del Código Penal, mediante la cual se establece que no serán investigados, juzgados ni sancionados los policías, militares, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a una persona”.
En otras palabras, afirma que “esta reforma significa que los agentes de seguridad del Estado tienen licencia para matar”.
En ese sentido, Mejía indica que Amnistía Internacional señaló en un comunicado público que esta reforma contraviene las obligaciones internacionales de Honduras en materia de investigación, enjuiciamiento y sanción de aquellos que incurran en el uso arbitrario o excesivo de la fuerza, y ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, señala que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también planteó que esta “disposición es contraria a los estándares internacionales a los que Honduras se ha adherido y que reducen el uso de la fuerza a circunstancias específicas previstas por la ley. A su vez, permite que exista impunidad frente a posibles excesos de los agentes de seguridad”.
Asimismo, afirma que la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos señaló que dicha reforma “puede impulsar un régimen de impunidad e inmunidad de facto entre los funcionarios que recurran o hayan recurrido al uso arbitrario, excesivo, no proporcional, y por ende ilícito, de la fuerza o de armas de fuego”.
Estas tres organizaciones internacionales coinciden en que esta reforma es contraria a los tratados de derechos humanos y si se aprueba, implicaría una violación del Estado hondureño a sus obligaciones internacionales en la materia.
En cuanto al terrorismo, la redacción propuesta permitiría aplicar este tipo penal a actos que el Estado considere como “alteraciones graves a la paz pública o que atemoricen o intimiden a la población”. Es decir, si una manifestación se entendiese como un acto de violencia con el objetivo de infundir miedo a la población, quienes sean parte de esta acción podrían ser detenidos, llevados a juicio y condenados con penas de 40 a 50 años de cárcel.
Al respecto, el doctor en derechos humanos considera que por mucho que los funcionarios digan que eso no es así, el problema es que la redacción es tan vaga y ambigua, que deja amplia discrecionalidad a policías, fiscales y jueces para aplicar la figura de terrorismo, así como hacen ahora con el delito de sedición a estudiantes universitarios que protestan.
¿Usted qué opina?