La defensa de los acusados, pidió a la jueza que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fuera separada del caso, pero esta solicitud fue negada.
José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera; hijo y hermano, respectivamente, del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrentarán un juicio oral y público por el delito de fraude continuado al estatal Registro General de la Propiedad de ese país.
El hijo y el hermano de Morales, junto a otras 24 personas, están vinculados al caso que la fiscalía nombró “Botín en el Registro de la Propiedad”.
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Samuel y José Manuel Morales fueron detenidos el 18 de enero de 2017 tras ser acusados por tres contratos con anomalías por unos 36 mil dólares, pagados por el Registro de la Propiedad sin que se concretara el servicio.
Este es un caso de corrupción en el cual se sustraían fondos del Estado guatemalteco (específicamente a través de la Registraduría General de la Propiedad) “por medio de la simulación de eventos” que nunca se hicieron, como consta en el informe expuesto por el Ministerio Público y la CICIG.
De acuerdo a la investigación, los familiares del mandatario facilitaron facturas para simular la compra de alimentos en el restaurante Fulanos & Menganos, propiedad de un amigo del presidente, aunque aclara que no obtuvieron «utilidad económica».
Los contratos fraudulentos se realizaron en 2013, dos años antes de que Morales llegara al poder.
Los acusados están en bajo arresto domiciliario, después de pasar un mes en prisión preventiva en un cuartel militar de la capital donde modificaron un área para servir como cárcel para personalidades.
Tanto Samuel Morales como José Manuel Morales se han declarado inocentes de la acusación. Samuel aseguró el pasado 23 de febrero tras salir libre luego del pago de una fianza que «confía en la justicia y que la verdad los hará libres».
Por su parte, el hijo del presidente, proclamó su inocencia durante una audiencia el pasado 19 de enero.
La jueza rechazó la solicitud de la defensa de los Morales para separar del caso a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU para apoyar la justicia en el país, así como que el caso fuera ventilado en un tribunal de cuentas o contencioso administrativo en lugar de una sala penal.
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