El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública acogió la solicitud de la Fiscalía General para que el empresario Juan Carlos Bolaños y tres de los seis miembros de la gerencia del Banco de Costa Rica (BCR) continúen en prisión preventiva por seis meses más, al menos hasta el 4 de agosto de este año.
La resolución fue recibida por la Fiscalía a las 8:30 de la noche de este lunes, una semana después de que solicitara la prórroga de medidas cautelares para cuatro imputados y el cambio de medidas para otros tres.
A parte de Bolaños continuarán en la cárcel el gerente suspendido del BCR, Mario Barrenechea; y los subgerentes de Banco Mayorista y el de Finanzas y Riesgos, Andrés Víquez y Leonardo Acuña.
“Durante los últimos tres meses se recabó evidencia que nos lleva a determinar que aumentó la probabilidad de que estas cuatro personas son responsables de los hechos que estamos investigando”, comentó la fiscal general, Emilia Navas.
La jerarca señaló que el equipo a cargo de las investigaciones de este caso de corrupción continúa recolectando y analizando pruebas para llegar a esclarecer los hechos.
Cambio de medidas del resto de imputados
En el caso de los tres miembros de la gerencia del BCR que salieron de prisión durante la noche de este domingo: el subgerente de Banca Minorista, Marvin Corrales, el gerente corporativo de Riesgos y Control Interno, Gilberth Barrantes y el director de Gestión de Crédito, Eduardo Ramírez, se les impuso seis medidas cautelares.
No podrán comunicarse con testigos del caso ni salir del país, deben firmar los días 15 y 30 de cada mes en la Fiscalía más cercana, deben mantener domicilio fijo, asistir a cualquier llamamiento que realicen las autoridades policiales, fiscales o jurisdiccionales y no acercarse a un radio de un kilómetro de las oficinas bancarias en las cuales realizaban sus actividades laborales.
Fueron rechazadas las solicitudes de que pagaran caución real (pago de fianza) por ¢10.000.000 y que fueran suspendidos de sus cargos en el banco. Actualmente, los funcionarios se encuentran suspendidos de sus cargos sin goce salarial, por una medida administrativa tomada por la entidad bancaria.
El Ministerio Público aclara que el cambio de medidas cautelares no obedece a que se haya determinado alguna duda respecto a la participación en los hechos investigados de los imputados Corrales, Barrantes y Ramírez, sino más bien a que durante estos tres meses se recopiló prueba que determina que estas personas, pudieron haber tenido una menor participación en los hechos investigados.
“Hasta donde las pruebas nos han llevado en este momento, la probabilidad nos dice que la participación de estos tres imputados pudo haber sido menor y, de acuerdo con los principios de objetividad y proporcionalidad, el Ministerio Público consideró que era pertinente el cambio de medidas cautelares mientras avanzan las investigaciones”, afirmó la Fiscal General.
Las pruebas a las que hace referencia Navas tienen origen en la ampliación de declaraciones indagatorias que rindieron los imputados, las cuales, por voluntad de estos, se recibieron dos meses y 10 días después de la detención de estos: 15 de enero en el caso de Ramírez y 16 de enero en los casos de Barrantes y Corrales.
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